El juez se decanta por la oferta presentada por Cox Energy SL, “compañía de reciente creación, poco tamaño, e industrial, con negocio complementario con el de el grupo de las concursadas” pero que se compromete “al mantenimiento de la actividad y empleo de la unidad productiva, cifrado en 9.505 trabajadores” y asume también los litigios pendientes de Abengoa.
Es una de las conclusiones del informe “The Decade That Matters 2.0”, elaborado por Baywa re a finales de 2022con participación de más de 3.000 legisladores y empresarios de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España.
Avangrid y la NTUA colaborarán para estudiar la viabilidad de instalaciones eólicas y solares, y proyectos de almacenamiento en baterías dentro de la Nación Navajo en los estados de Nuevo México y Arizona (EE UU).
La organización medioambiental ha presentado hoy una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la Comisión Europea “por impulsar el greenwashing del gas y la nuclear”.
Un consorcio de Universidad y empresas ha desarrollado esta optimización que, según afirman sus impulsores, permitirá “una reducción de los costes de O&M en el orden de un 10%; la resolución del 80% de las actividades O&M en plantas solares; y el incremento de la fiabilidad y predictibilidad”.
Los participantes elegibles en la convocatoria son empresas que construirán una nueva instalación de energía solar fotovoltaica con una capacidad de entre 5 y 100 MW. Luxemburgo contribuye con un pago voluntario de 40 millones de euros y Finlandia acoge los proyectos que competirán por la ayuda.
Una empresa se ha arruinado después de que la compañía que la contrató –a su vez, subcontratada por la promotora– declarase concurso de acreedores y ejerza ahora con otro nombre. La promotora conoce la situación y se mantiene al margen.
La energética afirma que se trata de la primera planta híbrida de España. Está construyendo dos plantas fotovoltaicas para hibridar el complejo eólico burgalés existente BaCa –Ballestas y Casetona–, de 69 MW.
La suspensión se adopta “mientras es difundida por la compañía información relevante respecto al proceso de formulación de cuentas y publicación de información financiera auditada del ejercicio acabado el 31 de diciembre de 2022″.
El mercado de Restricciones Técnicas que REE utiliza para gestionar las restricciones de la red supuso el pasado año 1.300 millones de euros que se suman a los costes totales del sistema eléctrico de España en 2022, según los cálculos de Aurora Energy Research.
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