Tormenta eléctrica a la vista

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Ya nos hemos acostumbrado a que apenas pase un día sin que Iberdrola anuncie el desarrollo, finalización, compra o intención de construir un nuevo proyecto renovable en alguna parte del mundo, pero esta realidad podría dejar de producirse en nuestro país: aunque la compañía no ha respondido a las preguntas de pv magazine, numerosos medios nacionales de comunicación han publicado en los últimos días que la multinacional habría decidido paralizar los procesos de licitación en curso de bienes y servicios asociados a la construcción de nuevos proyectos renovables en España.

Así lo habría indicado Iberdrola en una comunicación realizada a proveedores involucrados en procesos de licitación de renovables en España. Según dicha comunicación, la situación se mantendrá hasta evaluar en detalle la viabilidad económica de estos proyectos tras la aplicación del RDL 17/2021 sobre medidas urgentes para mitigar la escalada de precios de la energía.

Pero Iberdrola no solo ha anunciado la paralización de inversiones en nuevos proyectos renovables, sino que la energética y Endesa pusieron el miércoles sobre la mesa su intención de renegociar con sus grandes clientes los contratos de suministro a largo plazo por considerar que las medidas aprobadas por el Gobierno para amortiguar el impacto en el recibo de la luz del encarecimiento del mercado mayorista eléctrico los hacen inviables, algo a lo que se opone la industria electrointensiva, que ha pedido al Ejecutivo protección.

Al respecto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que, según datos de Eurostat, el beneficio sobre ventas de las grandes eléctricas españolas es del 18,5%, frente al 10,5% de la media europea y el 5,6% de las alemanas.

 

El Gobierno Vasco reprende a las dos partes

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha calificado de «mala noticia» la decisión de Iberdrola de paralizar sus inversiones, y ha animado a la compañía a “repensarlo”. Pero también afirma que «si realmente creemos que hay que afrontar el cambio climático necesitamos estabilidad reguladora para las renovables y continuar con las inversiones”.

Tapia ha explicado que, según las conversaciones con Iberdrola y con el EVE, las inversiones previstas en Euskadi en la actualidad (que se realizan a través de la compañía conjunta Aixeindar), «continúan al 100% comprometidos».

 

Gobierno, asociaciones y empresas piden a la Comisión Europea que actúe

1.Gobierno

Mientras, el precio de la luz marca nuevo récord en 216 euros / MWh, el más alto de la UE, y rebasa por primera vez los 200 euros.

Los precios de la electricidad y el gas se están disparando a nivel mundial y aún no se vislumbra el punto de inflexión de esta tendencia sin precedentes. Esta situación está poniendo a toda la economía del planeta bajo una fuerte presión y también podría causar problemas financieros a muchas empresas electrointensivas a corto plazo.

Los Gobierno de España y Francia solicitaron a la Comisión Europea que modificase las normas de funcionamiento de los mercados mayoristas de electricidad de la Unión para frenar la escalada de precios, en máximos históricos en todos los países, pero los reguladores europeos no ven con buenos ojos una reforma del mercado.

Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea para el cambio climático, dijo a un grupo de periodistas españoles en Estrasburgo que «el rediseño del mercado» se «puede discutir, pero no tomar una decisión rápida». Añadió: “Haré todo lo que esté en mi mano para ayudar al Gobierno español a garantizar que los ciudadanos españoles no se vean indebidamente afectados por las fluctuaciones del mercado, porque lo que está ocurriendo son eso, fluctuaciones».

 

2. Asociaciones…

La Electrification Alliance, una alianza de asociaciones «que cree firmemente que la electrificación es el futuro del sistema energético de la Unión Europea» formada por diez asociaciones entre las que se cuenta SolarPower Europe, también dirigió el pasado mes una carta a la Comisión Europea en la que ofrece «respuestas y recomendaciones» de cara a la «preocupante situación que está experimentando Europa debido al aumento de los precios mayoristas de la electricidad».

Para superar esta situación, la Alianza para la Electrificación recomienda reducir estructuralmente los impuestos sobre las facturas de electricidad, aplicar plenamente las disposiciones del Paquete de Energía Limpia para garantizar un consumo flexible para todos –»la falta de aplicación plena de la legislación del mercado eléctrico de la UE, especialmente en el ámbito de la flexibilidad de la demanda, está cargando innecesariamente a los clientes que podrían beneficiarse de estas fluctuaciones si pudieran adaptar el consumo en consecuencia», afirma– y acelerar la transición energética limpia para protegerse de la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles: «Europa debe reducir su dependencia del gas importado y su exposición a la volatilidad de los precios mundiales del gas. El Green Deal de la UE y la ambición de neutralidad climática apuntan claramente en esta dirección.
Debe acelerarse el despliegue de las energías renovables». Finalmente, añade que «la situación actual también llama la atención sobre la necesidad de una mayor eficiencia energética».

 

3. …y empresas

Por su parte, Iberdrola, Endesa, EDP España, Aelec, Eurelectric, Wind Europe, Solar Power Europe y la patronal eléctrica portuguesa Elecpor han decidido elevar sus quejas a los vicepresidentes de la Comisión Europea, Frans Timmermans y Margrethe Vestager, así como a la comisaria de Energía, Kadri Simson, en una carta de protesta apoyada por Global Infrastructure Investors Association (GIIA) –una red mundial de empresas de asesoramiento, bancos, bufetes y fondos de inversión entre los que se cuentan KKR, Oaktree, Antin, Infracapital, Ardian, JPMorgan , OPTrust, Aimco, Allianz, Brookfield, UBS, PwC, Morgan Stanley, EY, Deloitte– en la que solicitan que se dé marcha atrás a la medida.

La carta, a la que ha tenido acceso pv magazine, afirma que las medidas del Gobierno «no tienen en cuenta que el 100% de la producción de carga base (hidroeléctrica, nuclear y renovable) para 2021 y más del 75% de la de 2022 ya ha sido vendida por estos generadores hace meses a los precios a plazo entonces vigentes, que son mucho más bajos que los actuales del mercado al contado».

Añaden que «pondrá en peligro los objetivos del paquete Green Deal y Fit for 55, romperá la confianza y los derechos de los inversores y tendrá un enorme impacto en la necesaria inversión en energías renovables». También socavará el funcionamiento del mercado interior de la UE, y la medida legal «podría contagiarse a otros Estados miembros, creando fracturas en el mercado energético interno y en la política energética europea».

«Apoyamos plenamente la necesidad de proteger a los ciudadanos vulnerables de los picos en los precios de la energía y creemos firmemente que el reglamento europeo proporciona el marco para una gama de soluciones diferentes y legales, como han demostrado otros Estados miembros», recoge la carta, y añade que el RDL 17/2021 «crea distorsiones masivas, incertidumbre y daños».

Hoy mismo, Iberdrola ha publicado unas declaraciones Ignacio Galán, su CEO, en el Foro La Toja 2021 en las que afirma que “es esencial preservar la estabilidad jurídica y las reglas del juego, no poner en entredicho el modelo europeo y no perder la confianza de los inversores”.

 

La opinión de expertos

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P) publicó ayer un informe en el que achaca las medidas del RDL 17/2021 a «motivaciones políticas».

Aunque las acciones del Gobierno supondrán un ahorro del 22% en la factura de la luz a los hogares afectados por el pool según S&P, los precios del gas no se regularán hasta 2023. También define como «poco convencional» el diseño de la factura regulada, pues «las alzas en el pool se transfieren inmediatamente en las facturas de los hogares».

Según sus cálculos, la minoración del gas reducirá un 12% el ebitda de Iberdrola (1.200 millones), un 22% el de Endesa (900 millones), un 7% el de Naturgy (280 millones) –que no participa en la carta de protesta a la comisión europea–, y un 2% el de EDP (80 millones). En total, 2.600 millones.

Además de calcular la merma de ingresos para las compañías energéticas en 3.200 millones de euros, alerta de que las medidas adoptadas por el Gobierno podrían tener consecuencias en la inversión: “Creemos que la incertidumbre regulatoria derivada de las medidas del Gobierno podría llevar a las empresas a revisar sus inversiones en España”. Añade que, a largo plazo, la reforma energética “podría socavar la confianza de los inversores y la asignación de capital, que son fundamentales para el éxito del ambicioso plan nacional de energía y clima de España”.

 

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