El Gobierno ha anunciado este mediodía del martes que ha aprobado el Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico. Según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el objetivo del nuevo RDL es contribuir al refuerzo del sistema eléctrico español y el ahorro del coste energético para los consumidores.
En ese sentido, incluye un paquete de medidas para reforzar la supervisión de los operadores eléctricos: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tendrá que elaborar en un plazo de seis meses un informe de seguimiento de cumplimiento de las obligaciones de control de tensión de todos los operadores que tienen obligación de ello. También completará un plan de inspección extraordinario de las capacidades de reposición, con mayor atención a las instalaciones con arranque autónomo y las redes de distribución, que se repetirá cada tres años.
Además, elaborará una actualización cada 3 meses. “En 12 meses llevará a cabo un plan de inspección de todas las capacidades de reposición del sistema”, ha dicho Aagesen, y añade que cada tres años se llevará a cabo una inspección de todos estos elementos.
Igualmente se encarga al Operador del Sistema –Red Eléctrica–, que elabore propuestas de modificaciones normativas sobre las respuestas frente a las oscilaciones de potencia, sobre la velocidad de variación de tensiones, sobre la programación de las restricciones técnicas y sobre otros elementos técnicos que contribuyen a fortalecer la seguridad del sistema.
A REE se le encomienda el desarrollo de un nuevo procedimiento de operación para coordinar los planes de desarrollo de la red de transporte y de la red de distribución y una propuesta de requisitos mínimos de monitorización para análisis de incidentes. Estas propuestas técnicas deberán estar listas en plazos de tres a 15 meses. Las reformas normativas subsiguientes deben estar aprobadas en menos de seis meses.
REE incorporará a sus funciones la de servir como punto de acceso único a los datos de los clientes finales –siempre respetando la confidencialidad de la información personal– para mejorar el funcionamiento de los mercados de electricidad. Hasta ahora, esta información, procedente de 30 millones de contadores inteligentes, se encuentra repartida por más de 300 compañías distribuidoras.
Electrificación
Para profundizar en el proceso de electrificación de la economía y agilizar la adaptación de la infraestructura eléctrica a las necesidades del tejido productivo, cada tres años se revisará la planificación de la red de transporte en vigor, lo que iniciará un nuevo ciclo de planificación sexenal, y se aprobarán modificaciones de aspectos puntuales cada dos años.
Se refuerza también la capacidad de amortiguamiento de oscilaciones y control de tensión: las tecnologías renovables podrán participar en el control de la tensión y el respaldo del sistema, y ser remuneradas por ello.
La ministra ha anunciado también que destinarán 500 millones de euros a ayudas para compensadores síncronos.
La Unión Española Fotovoltaica, UNEF, considera que la normativa aprobada hoy permite una planificación de redes más dinámica que la anterior organización estática quinquenal, e implementa medidas acordes con las circunstancias actuales. “Va a dar una mayor estabilidad, robustez y flexibilidad al sistema eléctrico y permitirá que las energías renovables jueguen un papel importante en ello. Esto nos ofrecerá mayor seguridad de suministro eléctrico e independencia energética y nos hará avanzar en la lucha contra el cambio climático”, según ha comentado su director general, José Donoso. “Será fundamental para completar todo el marco regulatorio y adaptarlo al desarrollo actual de la energía fotovoltaica”, ha añadido.
Estas medidas se suman a la aprobación por parte de la CNMC de la actualización del PO 7.4, que permitirán a la tecnología fotovoltaica contribuir a controlar la tensión de la red, una propuesta que se lleva solicitando desde hace tiempo por parte del sector. «Como el control de tensión tiene un fuerte componente geográfico, la fotovoltaica, como energía muy distribuida por el territorio, está particularmente bien adaptada para aportar este servicio a la red», concluyen desde UNEF.
Para facilitar la conexión a las redes eléctricas de nuevas actividades económicas, industriales principalmente, se revisa la normativa de acceso y conexión de la demanda, fijando en cinco años el plazo de caducidad de los derechos de acceso, lo que posibilitará un mayor aprovechamiento de redes existentes y, actualmente, en desuso.
Ha mencionado también la próxima aprobación de 500 millones en ayudas para la eficiencia energética, con el fin de impulsar las bombas de calor y la aerotermia. Se favorece la electrificación de la climatización en las comunidades de vecinos y se habilita a los ayuntamientos la aplicación de deducciones del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles y del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), tal como ya sucede con el autoconsumo.
Plantea agilizar la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos, las acometidas de los puntos de recarga para vehículos eléctricos quedan exentas de autorización, siempre que no sea necesaria una evaluación de impacto ambiental ni una declaración de utilidad pública.
En ese sentido, esta semana se han lanzado dos programas de ayuda a la electrificación dotados con 200 millones de euros: El Moves Corredores de Recarga contará con 150 millones en su primera edición, mientras que el Moves Flotas Plus estará dotado con 50 millones. Las bases reguladoras de los programas de incentivos están en consulta pública desde el lunes y hasta el 8 de julio.
Para seguir potenciando la demanda y la electrificación industrial, el decreto incorpora la exención del 80% de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva con carácter retroactivo desde el pasado 23 de enero.
Otras medidas: revamping, almacenamiento y autoconsumo
Por otro lado, la ministra ha explicado que el RDL contiene medidas que fortalecen la resiliencia del sistema eléctrico, entre las que se cuentan impulsar transición energética, la electrificación, el almacenamiento y la flexibilidad “para hacer un sistema más robusto y solvente”.
Se introducen «nuevas medidas innovadoras para agilizar la tramitación y reducir los cuellos de botella en la flexibilidad y el almacenamiento», ha añadido Aagesen, y menciona la prioridad de despacho para los proyectos de almacenamiento y la tecnología termosolar.
Además, con el fin de impulsar el desarrollo del almacenamiento, se plantea la agilización de los permisos y la exención del trámite de evaluación ambiental si la instalación de almacenamiento se encuentra dentro del perímetro de una planta renovable que ya tiene una evaluación ambiental positiva, como venía reclamando el sector. Se establece expresamente, y como ya ocurría hasta ahora con las instalaciones de generación, la declaración de utilidad pública (DUP) del almacenamiento y de sus infraestructuras de evacuación que inyectan energía en las redes de transporte y distribución.
Otro aspecto de la normativa aprobada este martes es que mejora las condiciones para el autoconsumo a través de la creación del gestor del autoconsumo colectivo y la ampliación del radio en el que se pueden compartir excedentes hasta 5 km (frente a los 2 km actuales).
Por otro lado, el desarrollo de la figura del agregador permitirá además a la demanda situarse en horas de generación solar fotovoltaica.
También se fomenta la renovación de instalaciones de generación –su repotenciación–, reduciendo los plazos administrativos a la mitad, siempre que la potencia resultante sea inferior al 125% de la original.
Nueva prórroga de los hitos
La ministra Aagesen explica que el nuevo RDL recoge también la prórroga del quinto hito, el de puesta en servicio (Autorización Administrativa de Explotación Definitiva, AEED) para proyectos renovables que obtuvieron su derecho de acceso a la red eléctrica después del 31 de diciembre de 2017. Este miércoles, 25 de junio, expiraba el plazo legal para que un gran volumen de proyectos renovables estuvieran en funcionamiento y produciendo energía. Si no lo conseguían, perderían el derecho de acceso a la red eléctrica, los avales, y estaban obligadas a volver a la casilla de salida de un proceso burocrático de varios años.
El Gobierno concede una prórroga especial a todas estas plantas y se les da de plazo hasta el próximo 25 de septiembre para comunicar al Ministerio el semestre en el que consideran que podrán estar activos, siempre antes de mediados de 2028.
Las plantas con acceso previo a 2018 pasan a ser reclasificadas con las mismas condiciones que el resto de proyectos y las empresas energéticas dispondrán de un plazo máximo de ocho años -contabilizados desde mediados de 2020- para terminar las obras y poner en marcha las instalaciones.
Por otro lado, se prevé flexibilizar los plazos para la instalación de nuevos proyectos eólicos y fotovoltaicos y “cambiar el calendario cada seis meses para solventar obstáculos en la tramitación que no sean achacables al promotor”.
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