Con 418 votos a favor, 109 en contra y 111 abstenciones, los eurodiputados han votado hoy a favor de aumentar el porcentaje de energías renovables en el consumo final de energía de la UE hasta el 45% en 2030, en el marco de la revisión de la Directiva de Energías Renovables, objetivo respaldado por la Comisión Europea dentro de su paquete RepowerEU, que aumenta los objetivos fotovoltaicos para 2030 a 740 GW y propone que la solar sea obligatoria en los tejados.
La legislación también define subobjetivos para sectores como el transporte, los edificios y la calefacción y refrigeración urbanas: la industria deberá aumentar su uso de energías renovables en 1,9 puntos porcentuales al año, y las redes de calefacción urbana en 2,3 puntos.
Además, cada Estado miembro tendrá que desarrollar dos proyectos transfronterizos para la expansión de la electricidad verde; y los Estados miembros con un consumo anual de electricidad de más de 100 TWh tendrán que desarrollar un tercero para 2030.
Banco de hidrógeno
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha anunciado este miércoles la creación de un Banco Europeo de Hidrógeno con el que el bloque invertirá 3.000 millones de euros en los próximos años para acelerar el desarrollo de esta tecnología.
Durante su intervención, ha enfatizado que el hidrógeno “puede ser un punto de inflexión” energético para una UE que se ha comprometido a dejar atrás su dependencia en los combustibles fósiles importados desde Rusia. “El hidrógeno puede marcar un antes y un después para Europa. Tenemos que pasar del nicho de mercado al mercado masivo del hidrógeno”, sostiene la alemana. Bruselas ya se ha marcado como objetivo producir diez millones de toneladas de hidrógeno renovable en la UE cada año de aquí a 2030.
Intervención de emergencia en los precios de la energía
La Comisión propone una intervención de emergencia en los mercados energéticos europeos para hacer frente a las subidas de precios. En concreto, propone medidas excepcionales de reducción de la demanda de electricidad, y medidas para redistribuir los excedentes de ingresos del sector energético a los clientes finales.
Respecto al primer punto, plantea la obligación de reducir el consumo de electricidad en al menos un 5% durante las horas de precio máximo seleccionadas. La Comisión también propone que los Estados miembros se fijen como objetivo reducir la demanda global de electricidad en al menos un 10% hasta el 31 de marzo de 2023.
La Comisión propone asimismo un tope temporal de ingresos de 180 EUR/MWh para los productores “inframarginales” de electricidad, es decir, tecnologías con costes más bajos, como las energías renovables, la energía nuclear y el lignito, que suministran electricidad a la red a un coste inferior al nivel de precios fijado por los productores “marginales” más caros.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha defendido hoy, en su discurso sobre el Estado de la Unión celebrado ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, la necesidad de gravar “los enormes beneficios extraordinarios de las energéticas”, medidas con las que Bruselas prevé recaudar más de 140.000 millones de euros.
La propuesta debe ser aprobada por los ministros de Energía de los Veintisiete en una reunión que se celebrará en Bruselas el 30 de septiembre.
Además, ha nunciado la creación de un Banco Europeo de Hidrógeno con el que el bloque invertirá 3.000 millones de euros en los próximos años para acelerar el desarrollo de esta tecnología.
En la reunión del pasado día 10, los ministros dieron luz verde a intervenir los precios de la luz y el gas: alcanzaron un acuerdo preliminar de cuatro puntos que incluye recortar los beneficios de las empresas generadoras de energía que no dependen del gas y crear una “contribución solidaria” a petroleras, proporcionar liquidez a las firmas energéticas, reducir el consumo y limitar el precio que los países pagan por el gas ruso.
Trabajo forzoso y sus dudas sobre la solar
La Comisión ha propuesto hoy prohibir en el mercado de la UE los productos obtenidos con trabajo forzoso: tanto los fabricados en la UE para consumo nacional y exportación, como los bienes importados. Según sus cálculos, 27,6 millones de personas son obligadas a realizar trabajos forzosos.
En el texto propuesto hoy, las autoridades nacionales de los Estados miembros aplicarán la prohibición mediante un enfoque de ejecución basado en el riesgo. En una fase preliminar, evaluarán el riesgo de que se haya utilizado trabajo forzoso sobre la base de muchas fuentes de información diferentes que, juntas, deberían facilitar la determinación del riesgo y contribuir a centrar sus esfuerzos. Estas fuentes pueden incluir aportaciones de la sociedad civil, una base de datos de riesgos relativos al trabajo forzoso centrada en productos y zonas geográficas específicos, y la due diligence que llevan a cabo las empresas.
También se iniciarán investigaciones sobre productos respecto de los cuales existan sospechas fundadas de que han sido obtenidos con trabajo forzoso. Pueden solicitar información a las empresas y llevar a cabo controles e inspecciones, también en países no pertenecientes a la UE. Si las autoridades nacionales descubren que se ha utilizado trabajo forzoso, ordenarán la retirada de los productos ya comercializados y prohibirán su comercialización y su exportación. Las empresas deberán deshacerse de los productos. Las autoridades aduaneras de los Estados miembros se encargarán del control del cumplimiento en las fronteras de la UE. La cadena de suministro mundial de la energía solar está en cuestión por el tema de los trabajos forzados desde hace años.
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