La subasta de mañana, termómetro del sector

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Todo iba bien. Tras el éxito de la subasta de enero y coincidiendo con el comienzo de curso, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) convocó la nueva ronda, anunciada en agosto y que se celebrará mañana, de 3.300 MW eólicos y fotovoltaicos, de los que 600 MW tendrán plazos de ejecución acelerados “para –explica en el anuncio de la convocatoria– que su generación rebaje cuanto antes los precios de la electricidad”: los cupos acelerados deberán estar en operación antes del 30 de septiembre de 2022.

Esta nueva subasta tiene una reserva para la eólica terrestre de 1.500 MW y otra de 700 MW para instalaciones de fotovoltaica, junto con 200 MW que no disponen de reserva tecnológica. Las instalaciones deberán estar en operación antes del 30 de junio de 2024.

 

El gobierno escuchó al sector

Las voces más representantes del sector estaban contentas: la nueva subasta abre la puerta de las subastas a la participación de la ciudadanía, comunidades o pequeñas empresas.

Si en la primera subasta de renovables, celebrada el pasado 26 de enero, se adjudicaron un total de 3.034 MW que quedaron en manos de tan solo 32 empresas, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) «ha celebrado que el Gobierno haya reservado 300 MW para instalaciones fotovoltaicas distribuidas». Estas deberán ser, según definen, de una potencia igual o menor a 5 MW y conectadas a la red de distribución con una tensión igual o inferior a 45 kV. Además, será obligatorio un carácter local y participativo de la titularidad o en la financiación de las instalaciones, con una ubicación próxima al consumo.

En ese sentido, al menos un 25% del capital social de las adjudicatarias de estas instalaciones deberá estar ostentado por un mínimo de cuatro titulares con domicilio fiscal situado a una distancia inferior a 20 kilómetros de la instalación.

De cara a la grandes instalaciones, y para eliminar los brotes de rechazo social que surgen en algunas localidades contra estos parques, el MITECO somete a información pública un proyecto de Real Decreto para garantizar evaluaciones de impacto ambiental más exigentes.

 

¿Acudirán las grandes empresas “enfrentadas al Gobierno?

En la subasta anterior, la cuestión era si las subastas influirían en los precios de los PPAs, aunque según diferentes analistas como LevelTen Energy, esto no sucedería.

Ahora, son las medidas de choque contenidas en el RDP 17/2021 las que podrían provocar que las grandes eléctricas decidan no acudir mañana a la subasta.

Según una carta de protesta enviada a los vicepresidentes de la Comisión Europea, Frans Timmermans y Margrethe Vestager, así como a la comisaria de Energía, Kadri Simson; firmada por Iberdrola, Endesa, EDP España, Aelec, Eurelectric, Wind Europe, Solar Power Europe y la patronal eléctrica portuguesa Elecpor y apoyada por Global Infrastructure Investors Association (GIIA), estas medidas “pondrán en peligro los objetivos del paquete Green Deal y Fit for 55, romperá la confianza y los derechos de los inversores y tendrá un enorme impacto en la necesaria inversión en energías renovables”.

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P) también dijo que “la incertidumbre regulatoria derivada de las medidas del Gobierno podría llevar a las empresas a revisar sus inversiones en España”.

Pero hace unas semanas, Vortex Energy, un fondo gestionado por el gigante financiero egipcio EFG Hermes, ha llegado a un acuerdo definitivo con Ignis Energy Holdings, matriz de la rama de renovables Ignis Group y ha invertido 625 millones de euros en la compañía para desarrollar proyectos en España.

 

Sí a subastas y a grandes plantas

José María González Moya, Director General de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), ha dicho a pv magazine que “en un entorno de precios del mercado eléctrico altos no debemos caer en la tentación de que el coste de la tecnología sea nuestra principal motivación. Los precios que estamos viviendo son coyunturales y, sin embargo, las subastas nos deben dirigir a un mix de generación estructuralmente óptimo”, afirma.

Sobre la incorporación de grandes plantas renovables a nuestro sistema eléctrico, opina que “debemos recordar que son estas grandes plantas las que nos permiten beneficiarnos de economía de escala, pero son las actuales leyes nacionales y europeas de evaluación ambiental, las que deben marcar la línea y seguir defendiendo a las administraciones públicas como garantes del cumplimiento”.

Termina diciendo que “Son las subastas las que deben modular la incorporación de tecnologías para alcanzar un sistema renovable gestionable en el futuro y ese es el instrumento que tiene el Gobierno para dar prioridad a unos tamaños de plantas u otros. El sector renovable está preparado para impulsar la Transición Energética con las reglas de juego que se marquen, siempre teniendo en mente los objetivos marcados para 2030 del 74% de electricidad renovable”.

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