De unos meses a esta parte está trascendiendo el rechazo social que despiertan algunos proyectos renovables en nuestro país, lo que ha llevado a la aprobación de moratorias en diferentes localidades. En otras, como Cartagena, se ha apagado un protocolo pionero firmado gracias a una acuerdo entre empresas, ayuntamiento y vecinos para instalar fotovoltaicas sin dañar el paisaje. La patronal fotovoltaica, Unef, lanzó un sello de excelencia con la intención de certificar buenas prácticas atendiendo a unos criterios de sostenibilidad, con un de coste de 2.200 €.
En este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha redactado un proyecto de Real Decreto que modifica los Anexos I y II de la Ley de evaluación ambiental (Ley 21/2013) para, explica, «adecuarla a la normativa europea e incrementar así tanto la seguridad jurídica como el nivel de protección ambiental». Se encuentra sometido a información pública y a audiencia a los sectores afectados hasta el 4 de noviembre de 2021.
El Anexo II de la Ley 21/2013, que regula los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada, concentra la mayor parte de las novedades de este Real Decreto. Respecto al Anexo I, se han actualizado algunos epígrafes.
Así, el proyecto de real Decreto propone eliminar el umbral y, o bien asumir la redacción de la Directiva cuando no existe motivación para su mantenimiento, o bien mantener un umbral motivado en los criterios del Anexo III de la Directiva (en normativa sectorial vigente o basado en la experiencia de los órganos evaluadores de las distintas administraciones territoriales). «De este modo, aumenta el número de proyectos con necesidad de evaluación de impacto ambiental y se garantiza que los proyectos situados por debajo de los umbrales legales no tendrán una incidencia significativa en el medio ambiente que los haga merecedores de dicho procedimiento», explica el MITECO. El documento incluye también un nuevo mecanismo de garantía para aquellos proyectos que se encuentren por debajo de los umbrales, pero estén situados en zonas de especial sensibilidad ambiental o afecten sustancialmente al medio hídrico.
Como resultado de dicho análisis técnico y de colaboración entre los distintos agentes, los Anexos de la Ley 21/2013 contemplan actualmente 90 tipos de proyectos, en lugar de los 81 que constaban anteriormente, la gran mayoría de ellos sin ningún tipo de umbral.
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