El Comité de Energía del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles en la comisión de industria con 55 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones la propuesta de reforma del mercado mayorista de la electricidad. También se ha acordado iniciar las negociaciones con el Consejo, una decisión que tendrá que recibir el visto bueno del pleno en una próxima sesión plenaria.
En sus enmiendas al proyecto legislativo, los eurodiputados proponen un mayor uso de los llamados “contratos por diferencias” (CFD) para fomentar las inversiones energéticas y sugiere dejar la puerta abierta a sistemas de apoyo equivalentes tras su aprobación por la Comisión. En un CFD, una autoridad pública compensa al productor de energía si los precios de mercado caen demasiado, pero cobra de él si los precios son demasiado altos.
Los eurodiputados también destacan la importancia de los Acuerdos de Compra de Energía (PPA) para proporcionar a los consumidores precios estables y a los proveedores de energías renovables ingresos fiables. La Comisión Europea tiene la tarea de crear un mercado para los PPA antes de finales de 2024.
La comisión también aboga por la “flexibilidad no fósil” (la capacidad de la red eléctrica para ajustarse a los cambios en la oferta y la demanda sin depender de los combustibles fósiles) y la flexibilidad por el lado de la demanda, por ejemplo mediante el uso de sistemas de baterías domésticas. Esto puede ayudar a equilibrar la red eléctrica, reducir las fluctuaciones de precios y capacitar a los consumidores para adaptar su consumo de energía a los precios y a sus necesidades.
Los eurodiputados han ajustado los criterios para declarar una crisis de precios de la electricidad, con el fin de asegurarse de que existen medidas concretas para proteger mejor a los ciudadanos y a las empresas. Además, proponen reforzar aún más la protección de los consumidores frente a la volatilidad de los precios. Los consumidores deben tener derecho a contratos de precio fijo, contratos de precio dinámico, así como a más información clave sobre las opciones que suscriben, y se prohibe que los proveedores puedan cambiar unilateralmente las condiciones de un contrato.
Los eurodiputados también abogan por que los países de la UE prohíban a los proveedores cortar el suministro eléctrico a los clientes vulnerables.
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