El Gobierno destinará 600 millones de euros a la transición justa

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La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, presidió este lunes en Oviedo la primera reunión de trabajo sobre actuaciones y convenios de Transición Justa en el Principado de Asturias. En el encuentro, se ha avanzado que serán tres los convenios que se ponga en marcha en las zonas en transición de la comunidad autónoma para impulsar proyectos solventes de activación económica, prioritariamente industriales, que garanticen la generación de empleo de calidad en estas comarcas, fijando así población. A través de estos instrumentos, se movilizarán los recursos que la Administración General del Estado está asignando a la Transición Justa en España y que, por el momento, a través de las diferentes actuaciones emprendidas y en planificación, suponen fondos propios de cerca de 600 millones de euros.

La reunión ha permitido fijar el calendario de desarrollo de los convenios, que tendrá, como primer hito, la formalización de un protocolo de actuación entre las diferentes administraciones implicadas en las próximas semanas. La firma definitiva de los convenios, con los proyectos y actuaciones a apoyar, está prevista entre los meses de mayo y septiembre de 2020.

De igual modo, el MITECO ha informado del seguimiento de las propuestas que se han estado trabajando estos meses y que, entre otras, incluyen el Plan de Restauración para explotaciones mineras y los convenios con administraciones locales del Marco 2018 -2030, que son unos 70 por el momento, que cuentan con una aportación del Ministerio de 72,5 millones de euros, a los que se suman la línea de Proyectos Empresariales 2019 que ha destinado 4,3 millones de euros. Asimismo, también se está desarrollando el plan de formación y recualificación de trabajadores excedentes mineros realizado conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y las convocatorias de ayuda a proyectos empresariales del Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC).

Por otro lado, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), está recuperando su papel como agente inversor participando o aportando capital a proyectos innovadores que favorezcan la transición energética y la identificación de proyectos singulares, y trabajará en las zonas en transición en la búsqueda de proyectos susceptibles de apoyo.

Además, se está ultimando una nueva línea de ayudas, con una dotación inicial estimada de hasta 50 millones de euros dirigida a municipios donde se produzcan cierres de centrales.

La reunión, convocada por MITECO, ha contado con las aportaciones técnicas de representantes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Industria, Comercio y Turismo; y de Hacienda. También han participado IRMC y IDAE, ambos dependientes de Transición Ecológica.

Los tres convenios que, inicialmente, se pondrán en marcha en Asturias constituyen planes integrales de desarrollo territorial y se realizarán tras un proceso participativo del que formarán parte empresas, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales así como las distintas Administraciones, donde las entidades locales están llamadas a desempeñar un papel fundamental.

El proceso de elaboración de cada convenio parte de un diagnóstico y análisis socioeconómico y de infraestructuras de la zona geográfica sobre la que se trabajará, además de un estudio de las iniciativas empresariales e industriales con mayor potencial de generación de empleo y de nuevo desarrollo económico en la zona. En el caso del Principado de Asturias, estas dos fases ya se están elaborando por parte de MITECO.

Serán los convenios los que faciliten el acceso asistido y ágil a líneas de apoyo de la Administración General del Estado (AGE), como las ya mencionadas; asistencia técnica para ventanas de financiación europea; priorización en líneas de ayudas existentes a través de puntuación adicional -tras la valoración de su idoneidad por parte del Ministerio de Hacienda y de Trabajo, Migraciones y Seguridad-; o herramientas de política energética. El resultado final será un conjunto de proyectos y actuaciones a apoyar en los territorios para mantener el empleo y evitar la despoblación.

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