España podría reducir sus emisiones de CO₂ vinculadas a la energía y los procesos en un 74% para 2050 respecto a los niveles de 1990, aunque este avance sería insuficiente para alcanzar la neutralidad climática sin una aceleración significativa de las políticas y las inversiones. Así lo recoge la aseguradora y gestora noruega DNV en su informe Spain’s path to decarbonization, presentado en el marco de WindEurope, en el que evalúa la evolución de las emisiones, el potencial de electrificación, el despliegue de energías renovables, las necesidades de infraestructura y el papel de tecnologías como la captura de carbono. Según el análisis, aunque España ha logrado reducir sus emisiones desde el pico alcanzado en 2007, el recorte acumulado apenas alcanza el 13% frente al objetivo del 32% fijado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Por sectores, el transporte se mantiene como la principal fuente de emisiones, con cerca de 120 millones de toneladas de CO₂ en 2023. Se prevé que esta cifra disminuya un 46% en 2050 gracias a la electrificación del parque móvil y al uso de combustibles alternativos. En el caso del sector eléctrico, las emisiones caerían de forma mucho más acusada, desde los 36 millones de toneladas actuales hasta apenas 2 millones en 2050, impulsadas por el crecimiento de la generación renovable. En paralelo, la captura de carbono tendrá un papel limitado pero relevante en sectores difíciles de descarbonizar, como el cemento o el refino, con un potencial de captura de alrededor de 6 millones de toneladas anuales a partir de 2035.
El informe explica que estos avances dependerán de marcos regulatorios estables que garanticen certidumbre para la inversión, así como de un diseño de mercado eléctrico capaz de integrar un mix cada vez más renovable sin comprometer la seguridad de suministro. En este contexto, la electrificación de la demanda será un vector clave: se espera que el consumo eléctrico se duplique con creces hasta 2050 debido a la penetración del vehículo eléctrico, el despliegue de bombas de calor, la electrificación industrial y el desarrollo del hidrógeno, además del crecimiento de nuevas cargas intensivas como los centros de datos.
Este aumento de la demanda implicará una expansión sustancial de las redes eléctricas, especialmente en el ámbito de la distribución, donde podrían surgir cuellos de botella si no se acelera la inversión. Asimismo, el sistema requerirá soluciones de flexibilidad, incluyendo almacenamiento en baterías de ion-litio, bombeo hidráulico y tecnologías emergentes como el vehicle-to-grid, para gestionar la variabilidad de la generación eólica y solar.
El análisis también identifica la aceptación social como un factor crítico para el despliegue de infraestructuras energéticas. La creciente oposición local a proyectos renovables y de red podría ralentizar la transición si no se refuerzan mecanismos de participación, transparencia y reparto equitativo de beneficios.
En conjunto, DNV concluye que, aunque alcanzar emisiones netas cero en 2050 no parece viable bajo escenarios realistas actuales, España dispone de una base sólida para avanzar significativamente si acelera el despliegue renovable, refuerza el diseño de mercado, agiliza los procesos de autorización, electrifica la demanda y desarrolla soluciones de captura de carbono en los sectores donde sea técnicamente viable.
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