España saca adelante la reforma del mercado eléctrico europeo

Año y medio después de que los 27 abrieran la puerta a modernizar un modelo de mercado eléctrico que se reveló obsoleto, el Consejo de la UE, la Eurocámara y la Comisión Europea han pactado unas nuevas normas. Parecía imposible poner de acuerdo a Francia, partidaria de la energía nuclear, con su principal detractora, Alemania; pero ha ocurrido: “Después de 10 horas tenemos un trato”, decía en su cuenta de X (antes Twitter) Nicolás González Casares, negociador jefe de la Eurocámara y miembro de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.

El objetivo principal era hacer los precios de la electricidad menos dependientes de los combustibles fósiles para evitar la volatilidad en los precios de la luz vistos durante la pasada crisis energética y proteger a los consumidores al abrir la puerta a la intervención pública en los mercados cuando se declare una crisis energética. El principio de acuerdo debe ahora ser ratificado por separado por los plenos de los dos órganos legisladores de la UE: el Consejo de la UE y la Eurocámara.

“Este acuerdo nos ayudará a reducir aún más la dependencia de la UE del gas ruso y a impulsar la energía libre de combustibles fósiles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Gracias a él podremos estabilizar los mercados a largo plazo, acelerar el despliegue de fuentes de energía renovables y libres de fósiles, ofrecer electricidad más asequible a los ciudadanos de la UE y mejorar la competitividad industrial”, ha declarado la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

La propuesta es parte de una reforma más amplia del diseño del mercado eléctrico de la UE, que también incluye una regulación centrada en mejorar la protección contra la manipulación del mercado a través de un mejor seguimiento y transparencia (REMIT), sobre la que ya se alcanzó un acuerdo también el pasado 16 de noviembre.

Entre las medidas alcanzadas, se incluye dar a los Estados miembros la posibilidad de apoyar exclusivamente la compra de nueva generación de renovable cuando las condiciones lo permitan a través de los acuerdos de compra de energía (PPA) y en línea con los planes de descarbonización de los países de la UE.

En cuanto a los contratos estandarizados voluntarios, ambas instituciones acordaron mantener su carácter voluntario para los Estados miembro y prevén también una evaluación de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de Energía (ACER) sobre el mercado de acuerdos de compra de energía basada en la información de la base de datos prevista en el reglamento REMIT.

Ambos colegisladores han pactado hacer de los mecanismos de capacidad un elemento más estructural del mercado de la electricidad e introducir una excepción potencial y excepcional a la aplicación del límite de emisiones de CO2 para los mecanismos de capacidad ya autorizados, cuando esté debidamente justificado.

Contratos por diferencia (CfD)

Ambos colegisladores acordaron celebrar contratos bidireccionales por diferencias o sistemas equivalentes con los mismos efectos que el modelo utilizado cuando la financiación pública en forma de sistemas directos de apoyo a los precios está involucrada en contratos a largo plazo.

Los contratos bidireccionales por diferencia se aplicarían a las inversiones en nuevas instalaciones de generación de energía basadas en energía eólica, energía solar, energía geotérmica, energía hidroeléctrica sin embalses y energía nuclear.

Las normas para los estos bidireccionales solo se aplicarán después de un período de transición de tres años después de la entrada en vigor del reglamento, con el fin de mantener la seguridad jurídica para los proyectos en curso.

Asimismo, recoge que los ingresos de esos contratos se redistribuirían a los clientes finales y también podrían utilizarse para financiar los costos de los planes de apoyo directo a los precios o inversiones para reducir los costos de la electricidad para los clientes finales.

Protección de clientes vulnerables y frente a crisis

El Consejo y el Parlamento acordaron reforzar las medidas que deben aplicar los Estados miembros para proteger a los clientes vulnerables, incluida la adición de la definición de pobreza energética acompañada de una referencia a la nueva directiva sobre eficiencia energética que adopte las medidas adecuadas.

El Consejo tendrá la facultad de declarar una crisis, sobre la base de una propuesta de la Comisión.

Además, el acuerdo provisional establece los criterios para declarar una crisis, relacionados con el precio medio al por mayor de la electricidad o un fuerte aumento de los precios al por menor de la electricidad.

Una vez declarada una crisis, ambas instituciones acordaron tener en cuenta la posibilidad existente de reducir aún más los precios de la electricidad para los clientes vulnerables y desfavorecidos, basándose en la actual directiva sobre electricidad. Además, se incorporan disposiciones destinadas a evitar distorsiones o fragmentaciones indebidas en el mercado interior.