Hoy, 25 de enero, era una fecha marcada en muchos calendarios del sector renovable, pues vencía el plazo para que las administraciones central –que tramita proyectos renovables de más de 50 MW– y autonómicas –se encargan de proyectos de menos de 50 MW– valorasen formalmente de manera positiva o negativa las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) para que los promotores no perdiesen los permisos de acceso y conexión que habían recibido en su momento de Red Eléctrica.
Según Monitor Deloitte, en noviembre había alrededor de 100 GW de proyectos fotovoltaicos (un 60%) y eólicos (el 40% restante) que había depositado los 40.000 euros por MW (40 €/kW instalado) como garantía pendientes de resolución. A 31 de diciembre, según datos de Red Eléctrica, 102,1 GW de generación solar fotovoltaica con permiso de acceso no estaban en servicio.
Este medio ha hablado con cinco grandes promotores del proyectos fotovoltaicos en España, y todos coinciden en que no ha habido sorpresas, «ni siquiera en la Comunidad Valenciana», de la que se esperaban retrasos –no obstante, ninguno de los consultados promueve proyectos en Cataluña–. A principios de enero, la Generalitat Valenciana informó a favorablemente más de 1.000 MW de potencia fotovoltaica.
Alguna empresas han hecho público su caso, como Grenergy, que ha obtenido cerca de 500 MW en permisos ambientales para plantas fotovoltaicas en España. En concreto, ha obtenido el visto bueno para la planta fotovoltaica Tabernas (Almería) con 250 MW; José Cabrera (Guadalajara), de 50 MW; y Ayora (Valencia), de 172 MW.
«Se han resulto todas las DIAS del Ministerio; y las Comunidades Autónomas, en general, también han cumplido», dice a pv magazine un promotor. «Algunas resoluciones nos llegará a lo largo de este miércoles, y se ha otorgado un mes para firmar las pendientes con carácter retroactivo, esto es, su validez contará a partir del día 25», añade el portavoz de otra IPP.
Se avanza, ahora, hacia el siguiente cuello de botella: «Va a estar más complicado cumplir a tiempo el plazo de las autorizaciones administrativas», afirma una de las fuentes consultadas. La construcción de las instalaciones eléctricas requiere diferentes resoluciones administrativas: la autorización administrativa –esto es, el anteproyecto de la instalación que habilita al peticionario a iniciar las obras preparatorias de acondicionamiento del emplazamiento de las instalaciones (cota cero)–; la aprobación del proyecto de ejecución; y la autorización de explotación comercial.
«Están tardando más de seis meses en otorgar las autorizaciones administrativas a las DIAS concedidas en 2022, y no olvidemos que las DIAS positivas otorgadas con fecha del 25 de enero de 2023 deberán tener las autorizaciones administrativas previas en julio de 2023, como máximo. Veremos cómo se resuelve la avalancha», concluye.
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¿Garantía de 40 euros por MW instalado?
Falta algún cero ahí.