Los primeros intentos de incrementar la penetración de renovables impulsados por el Gobierno, por diversos motivos que darían para mucha literatura, condujeron al llamado déficit de tarifa y a una subida del recibo de la luz para los consumidores. El fomento de penetración de renovables, que se tradujo en ayudas a las energías renovables para poder funcionar en un entorno competitivo, se gestionó económicamente de una manera errónea, que posteriormente ha penalizado y lastrado el desarrollo de estas energías renovables durante una década.
Años más tarde las propias energías renovables, sobre todo la solar, se han hecho tan competitivas por si mismas, que las ayudas del gobierno son una garantía, pero en ningún caso una necesidad para el desarrollo de la energía solar. Sin embargo, el diseño del mercado permanece inalterado con los grandes cambios que se han producido en el mismo.
Es por ello que es necesario adaptar el diseño del mercado a la nueva realidad de la próxima década, y hay que anticiparse para que el cumplimiento de los objetivos de descarbonización sea un éxito.
El diseño actual del sistema energético se planteó en un contexto de precios de la electricidad altos, un mix de generación con fuerte presencia de tecnologías fósiles y emisoras y una demanda creciente. Sin embargo, los objetivos de descarbonización y la situación actual son precisamente los contrarios. El descenso de la demanda debido al papel central de la eficiencia energética, el escenario de precios cada vez más bajos por la mayor penetración de renovables (la forma más barata de producir energía) y la salida del carbón del mix generan una menor recaudación, poniendo en riesgo el equilibrio económico y financiero del sistema eléctrico. Las señales del sistema actual son incoherentes con los objetivos de transición energética y con lograr las mejores condiciones para los consumidores.
Para avanzar en la transición energética es necesario enviar señales de precios adecuadas a inversores y consumidores a través de un nuevo sistema de financiación de los costes regulados acorde a la evolución del mercado y a los objetivos de la transición energética, que incentive el paso a tecnologías limpias.
Si no se modifica el sistema actual, la Ley en vigor obliga a ajustar al alza de manera automática la parte regulada del recibo de la luz. Con las previsiones actuales, esto supondría un incremento de entre un 10% y un 15% de la parte regulada de la factura. Además, la aparición de desequilibrios económicos en el sistema eléctrico genera incertidumbre y menor confianza de cara a la inversión en nuevos proyectos de energías renovables o eficiencia energética: inversiones que, siendo importantes para la transición energética, lo son especialmente en un contexto de necesaria reactivación económica
En este contexto el Gobierno ha publicado el Anteproyecto de Ley para la creación del Fondo de Sostenibilidad con tres objetivos claros: (1) evitar subidas en el precio de la electricidad, (2) dar señales claras de electrificación de la economía y (3) aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permita la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años.
El objetivo del FNSSE es la financiación parcial o total de los costes del régimen retributivo específico de renovables, cogeneración y residuos (RECORE). En el año 2019, estos costes ascendieron a 7.076 M€. De esta manera, el coste de financiación del RECORE dejará de formar parte del recibo de la luz que abonan directamente los consumidores, tanto hogares como empresas. En concreto, este coste supone aproximadamente el 16% del recibo eléctrico doméstico.
La creación de este Fondo, que se financiará con las aportaciones de todas las empresas suministradoras de energía, podrá rebajar la factura eléctrica doméstica al menos un 13% gracias a la disminución de los cargos.
El FNSSE estará dotado en primer lugar con las aportaciones asignadas a la financiación de los costes del sistema eléctrico incluidas en la ley de Presupuestos Generales del Estado (en adelante, PGE). Estas son:
- Los ingresos por la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. En el año 2019, 1.695 M€.
- El 90 por ciento del ingreso estimado por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. En el año 2019, 711 M€.
En segundo lugar y hasta cubrir el coste total a financiar, el FNSSE recibirá aportaciones de los sujetos obligados, que son: las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor, los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y los consumidores directos de los productos anteriores.
En tercer lugar, el fondo podrá recibir también fondos comunitarios o cualquier aportación de los PGE, hasta un máximo del 10% de los ingresos anuales del fondo en ambos casos.
Por tanto, la aportación de los sujetos obligados que con las cifras de 2019 rondaría los 4.670 millones de euros pasa a ser la partida fundamental de la financiación del fondo.
Los sujetos obligados deberán realizar una aportación al FNSSE proporcional al volumen de sus ventas o su consumo (€/MWh), en el caso de consumidores directos, no computando los usos no energéticos. La cuantía total a cubrir por las aportaciones de los sujetos obligados será la necesaria para cubrir el coste total a cubrir del régimen retributivo específico una vez descontadas el resto de aportaciones y el remanente del ejercicio anterior, de haberlo.
La metodología para calcular esta aportación unitaria queda pendiente de desarrollo reglamentario. Los valores se establecerán anualmente por Orden del MITECO en el último trimestre del año anterior. Por su parte, los sujetos obligados deberán comunicar al IDAE en el primer trimestre de cada año los volúmenes de energía suministrada y las aportaciones realizadas al Fondo en el ejercicio anterior.
Para evitar situaciones injustas en aquellos sectores de más difícil adaptación a la nueva situación el propio Anteproyecto contempla exenciones y compensaciones.
La reforma que introduce la creación de este fondo permitirá proporcionar una señal más clara para la formación de precios y dará mayor transparencia a la formación de los costes de la energía. Asimismo, fomentará la electrificación de usos energéticos con fuentes de energía renovables. Este es el primer paso para avanzar por la senda adecuada hacia los objetivos de descarbonización. Esta medida está en línea con las de otros países de nuestro entorno como Alemania, Dinamarca o Francia que están implementando reformas fiscales medioambientales basadas en el principio de “quien contamina paga” o lo que es lo mismo, introducir un impuesto sobre las emisiones netas reales de CO2 para que los combustibles fósiles contribuyan a financiar las energías renovables, reduciendo así los cargos que por ellas pagaban todos los consumidores de electricidad en sus facturas.
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