Los estados europeos miembros de la UE pueden modificar unilateralmente las tarifas de alimentación de energía renovable (FIT) o retirarlas por completo antes de que finalicen los términos del contrato, según un dictamen emitido por un miembro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El abogado general Henrik Saugmandsgaard Øe ha dicho que la decisión adoptada en 2014 por el Gobierno italiano en 2014 de cambiar los términos de los pagos de las FIT durante los 20 años de duración del contrato no era inconstitucional según la legislación de la UE.
El dictamen elaborado por Øe -uno de los 11 abogados generales del TJCE- la pasada semana, será considerado por los 27 jueces del tribunal antes de que se dicte una sentencia definitiva.
El caso fue remitido al TJCE por el Tribunal Administrativo Regional del Lacio en Italia tras una denuncia de la Federazione Nazionale Imprese Elettroniche ed Elettrotecniche (ANIE), entidad matriz de la asociación de energías renovables ANIE Rinnovabili, y por los operadores de plantas solares liderados por Athesia Energy, filial de Athesia Group. El Tribunal Constitucional italiano dictaminó, en enero de 2017, que los decretos que modificaban los niveles de pago del FIT no eran incompatibles con la constitución italiana y la cuestión se remitió entonces a los tribunales de la Unión Europea para comprobar su compatibilidad con la legislación común.
Opinión
En cuanto a la cuestión de si los cambios aplicados a las tarifas de alimentación de energía solar entraban en conflicto con el derecho a realizar actividades comerciales y el derecho a la propiedad garantizados por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Øe dijo que no lo hacían y que, aunque lo hicieran, se juzgarían justificados y proporcionados con respecto a la necesidad de aplicar los objetivos de energía renovable del bloque. En cuanto al tercer punto, si la revisión del sistema de incentivos estaba en conflicto con la Carta de la Energía de la UE, el abogado dictaminó que la carta no se aplicaba a las controversias entre los inversores y sus propios Estados miembros de la UE y añadió que, aunque lo hiciera, la carta no excluía los derechos de los Estados miembros a alterar o reducir los sistemas de incentivos de energía limpia.
Al explicar su opinión jurídica, Øe dijo que los derechos otorgados por la Carta de Derechos Fundamentales del bloque no eran absolutos y que se les podían aplicar limitaciones proporcionales si era necesario en el interés general de la UE. “Los Estados miembros son libres de adaptar, modificar o retirar los planes de apoyo siempre que, entre otras cosas, se cumplan los objetivos [de energía renovable]”, dijo el abogado, señalando que los planes de incentivos de energía limpia eran una herramienta que podía ser utilizada por los Estados miembros en lugar de un requisito obligatorio.
Øe dijo que la legislación introducida en 2003 para regular el plan de incentivos de energías renovables de Italia había previsto que los pagos se harían en “una cantidad decreciente”. Sobre esa base, el abogado general declaró que los propietarios de parques solares no podían esperar que los planes de pago acordados se mantuvieran inalterados durante todo el período contractual de 20 años. “No considero que los operadores de instalaciones fotovoltaicas puedan confiar en que no se produzca ningún cambio en esos incentivos durante toda la duración de los contratos celebrados con GSE”, dijo Øe, refiriéndose al organismo energético estatal, el Gestore dei servizi energetici, que es la contraparte de los contratos FIT de energía limpia.
El abogado general señaló la jurisprudencia del TJCE de la sentencia Agrenergy y Fusignano Due en 2011, que determinó que las disposiciones del quinto proyecto de ley de energía del Conto Energia de Italia eran “de tal naturaleza que indican de inmediato a los operadores económicos prudentes y circunspectos que el régimen de apoyo aplicable a las plantas solares fotovoltaicas podría ser modificado o incluso retirado por las autoridades nacionales a fin de tener en cuenta los cambios en determinadas circunstancias”.
De manera crucial, Øe destacó que, de cara a los contratos FIT firmados por los propietarios de parques solares, GSE se reservaba el derecho de “modificar unilateralmente los términos de esos contratos, para tener en cuenta la evolución del marco legislativo de referencia”.
En cuanto a la afirmación de que las modificaciones introducidas en los pagos del FIT restringían los derechos de propiedad de los propietarios de los parques solares, Øe dijo que las enmiendas al sistema de incentivos no limitaban la capacidad de los operadores de los parques para controlar sus activos, sino que simplemente reducían las cantidades que se les pagaban.
Elección
El abogado general danés añadió que el Estado italiano había dado a los propietarios de parques solares la posibilidad de elegir entre tres tipos de renegociación de contratos FIT y había ofrecido préstamos de bajo costo para reducir la carga financiera de los afectados. Con los cambios introducidos por el gobierno, los parques solares se pagaron inicialmente por el 90% de su producción eléctrica estimada, y el saldo pendiente se liquidó en los seis meses siguientes al final del año en cuestión. Después de eso, los propietarios de los parques podían elegir entre extender el mismo nivel de pagos del FIT a lo largo de un contrato de 24 años, en lugar de 20 años; podían aceptar un pago por debajo del precio acordado durante un período definido de su contrato de 20 años, seguido de un pago superior; o podían aceptar la opción por defecto de un recorte directo del 8% de los pagos para las instalaciones con una capacidad de generación de más de 900 kW, del 7% para los activos de más de 500 kW y hasta 900 kW o del 6% para las instalaciones de más de 200 kW y hasta 500 kW.
La opinión será bienvenida por los gobiernos de Chequia, Alemania, Grecia y España, que contribuyeron a la decisión y respaldaron el derecho de los estados miembros de la UE a tener la libertad de enmendar los programas de incentivos para las energías renovables. El La opinión recibió el respaldo de la Comisión Europea.
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