El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, participó ayer con la ponencia “Desarrollo económico y modelo energético” en el simposio La gran transformación de los servicios públicos: 40 años que cambiaron España (1978-2018), organizado por el Congreso de los Diputados.
En su intervención, Galán destacó que, durante los últimos 40 años, “el coste unitario de la electricidad para los hogares en términos homogéneos –esto es, eliminando los impuestos que se han ido añadiendo a la factura– se ha incrementado un 30 % menos que la renta media de una familia española, un 40 % menos que el precio del metro cuadrado de vivienda en la capital y un 45 % menos que el coste de un producto básico como el pan”.
Cabe recordar, sin embargo, que aproximadamente el 50 % del importe de la factura eléctrica de un hogar son costes regulados. Además, en septiembre se alcanzó un nuevo récord del precio de la luz del que se hicieron eco casi todos los medios del país: 74,58 euros / MWh en el mercado mayorista el 5 de septiembre, un precio medio casi un 24 % más caro que el del año anterior. El recibo de un usuario medio cerró en agosto con un precio medio de 80,73 euros / MWh, el valor mensual más alto del año y el segundo agosto más caro desde 2008 (70,10 euros / MWh). Precisamente para evitar esta escalada en los precios, el Gobierno ha adoptado dos medidas temporales en el real decreto-ley de medidas urgentes para impulsar la transición energética que aprobó el pasado viernes, 5 de octubre: la suspensión del impuesto del 7 % a la generación eléctrica durante 6 meses y la exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (según el ministerio, el impacto de estas medidas en el recibo de la luz será de alrededor del 4 %).
“Incluso considerando todos los impuestos y costes de política energética que soporta actualmente la factura de electricidad, el precio por kWh final ha crecido un 7 % menos que la renta media de las familias”, puntualizó.
Esta evolución positiva, según Galán, “ha sido posible gracias al significativo esfuerzo de las empresas eléctricas españolas por mejorar su eficiencia operativa”.
Y “las eléctricas españolas son hoy más eficientes, sólidas e internacionales”, lo que las ha convertido en líderes mundiales y en “motores de crecimiento y dinamización de la economía del país”.
Ignacio Galán añadió que, pese a que es responsable del 25 % de las emisiones globales, “el sector eléctrico es el que mayores ventajas ofrece para avanzar con eficiencia en el proceso de descarbonización”.
En esta línea, ha expuesto que “la integración de los más de 40.000 MW de capacidad instalada renovable necesarios en el sistema –un 40 % de la potencia total actual– hará imprescindible, además, la extensión y digitalización de nuestras redes eléctricas y un aumento sustancial de la capacidad de almacenamiento, tanto a gran escala como a través de baterías”.
A pesar del auge que están viviendo, por ejemplo, las grandes plantas fotovoltaicas sin subsidios, para las que incluso algunas gestoras han creado fondos, Galán llamó a definir marcos incentivadores para la inversión: “Este escenario requerirá la movilización de inversiones por valor de más de 70.000 millones de euros solo en los próximos 10 años” –prosigue–. “Para ello, tal y como vienen reclamando los organismos internacionales y los principales agentes de los mercados financieros, hará falta contar con marcos claros e incentivadores, que garanticen la estabilidad regulatoria y atraigan el capital necesario.”
Respecto a los incentivos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMAC) acusó a Iberdrola de cobrar subvenciones a las renovables por electricidad producida con gas. A finales de septiembre, la sección 4 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional rechazó un recurso de Iberdrola contra una resolución de la CNMC que obligó a la empresa en marzo de 2016 a devolver 12,3 millones de euros por atribuirle una utilización “irregular” de gas natural en la planta termosolar que Iberdrola tiene en Puertollano (Ciudad Real). La empresa ha recurrido la resolución ante el Tribunal Supremo.
Finalmente, para Galán “la transición energética hacia un sistema más sostenible permitirá obtener importantes ventajas para nuestra sociedad”:
Se impulsará la revitalización de la industria y la creación de empleo. De acuerdo con datos de la Organización Mundial del Trabajo, por cada puesto que se pierda se generarán cuatro nuevos en sectores de futuro como las energías renovables, la movilidad eléctrica o la edificación sostenible.
Se profundizará en el proceso de reducción de nuestra dependencia energética, que es aún del 73 % debido a que importamos casi el 100 % del petróleo y el gas que consumimos, así como una gran parte del carbón.
La entrada masiva de energías renovables permitirá una reducción sustancial y estructural del nivel precio de la electricidad y de su volatilidad.
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