Con la entrada en vigor de esta circular se da cumplimiento a lo previsto en Real Decreto-ley 23/2020 en el que se prevé una serie de medidas para el desarrollo ordenado y el impulso de las energías que deberían evitar comportamientos especulativos.
El régimen, que se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2022 y tendrá un presupuesto anual provisional de 91,88 millones de euros, beneficiará a las empresas que operan en España en sectores especialmente intensivos en energía. Los beneficiarios obtendrán una compensación de hasta un máximo del 85% de su contribución a la financiación del apoyo a la producción de energías renovables, cogeneración de alta eficiencia y generación de energía eléctrica en los territorios no peninsulares.
El plazo para presentar las solicitudes de esta convocatoria, publicada ya en el BOC, finaliza el próximo 10 de febrero. Se financiará con fondos propios.
En el segundo semestre de 2020, el virus frenó en seco a buena parte de la economía española y global. Pero el sol no dejó de salir. En medio un escenario apocalíptico, el sector solar consiguió mantenerse a flote y nos trajo varias noticias sorprendentes e incluso extraordinarias. Aquí van unas píldoras.
Con arreglo a los nuevos marcos reglamentarios, se mantendrá el plan de tarifas de inyección para la energía fotovoltaica en los tejados, aunque solo los sistemas fotovoltaicos con una potencia de hasta 300 kW tendrán derecho a una FIT a los niveles actuales. Las instalaciones de entre 300 y 750 kW recibirán solo la mitad, pero podrán autoconsumir la energía generada.
Los representantes de la industria solar francesa ya se han movilizado contra la controvertida medida y han dicho que están estudiando todas las posibles acciones legales.
En esta ocasión, la línea de ayudas se ha abierto a proyectos de más de 100 kW de potencia de renovable. Además, por primera vez se prevé una partida específica para proyectos que se ubiquen en cubiertas de grandes dimensiones o en aparcamientos, con más intensidad de ayuda.
El Gobierno planea el desarrollo de estas comunidades con el objetivo de promover la participación activa de la ciudadanía, las autoridades locales, las pymes y la sociedad civil “como actores clave en la transición energética hacia una economía descarbonizada”.
Un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que la decisión de Italia de modificar en 2014 los términos de los contratos de incentivos solares firmados, de 20 años de duración, no entra en conflicto con la legislación europea.
El presupuesto que gestionará el MITECO en 2021 será de 12.307 millones de euros, según el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año.
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