El 16 de diciembre, a las cinco de la mañana, el parlamento francés aprobó en segunda lectura una enmienda de la ley de presupuestos que modifica retroactivamente los contratos de tarifas de alimentación firmados entre 2006 y 2010 para las plantas fotovoltaicas que superen, en tamaño, los 250 kW.
La medida, que había sido previamente anulada por el Senado, entrará en vigor cuando el Gobierno emita un decreto de aplicación ad hoc.
“No es muy glorioso para el estado romper contratos como ese”, dijo Eric Woerth, presidente del comité de finanzas del Parlamento, durante el debate de la controvertida medida.
A pesar de la movilización de muchos parlamentarios en las últimas semanas para posponer o ajustar la medida, el Gobierno se ha mantenido inflexible al exigir a la Asamblea Nacional que vote su enmienda en su formulación inicial. “El enfoque del Gobierno implicará la reapertura de cientos de contratos, lo que necesariamente llevará mucho tiempo y podría congelar las actividades de las empresas afectadas durante meses”, declaró Jean-Louis Bal, presidente de la asociación francesa de energías renovables SER. “Esto bloqueará la actividad del sector y acentuará aún más el retraso de Francia en un momento en que el cambio climático nos obliga, por el contrario, a acelerar la transición energética”.
Para Daniel Bour, presidente del organismo comercial de la energía solar Enerplan, el gobierno ha avanzado con los recortes retroactivos a pesar de la gran movilización de los parlamentarios de todas partes para rechazar, o al menos suavizar, el texto de esta enmienda. “El sector se ha esforzado durante los dos últimos meses para presentar propuestas valientes que, lamentablemente, no han sido consideradas admisibles”, dijo. “Mientras se preparan los decretos de aplicación, es el momento de iniciar la consulta que el Gobierno dice solicitar. Estamos dispuestos a participar junto con la administración, pero esperamos que las autoridades nos permitan encontrar una solución aceptable para los productores interesados”.
Según Bour, se está iniciando ahora una segunda fase durante la cual es esencial que se puedan abrir verdaderas negociaciones con los poderes públicos, esta vez sobre la base de un estudio de impacto real de las consecuencias de esta medida en el sector. “La ‘rentabilidad excesiva’ que el gobierno atribuye a las centrales eléctricas en cuestión nunca ha sido demostrada, ni siquiera cuantificada”, añade.
La asociación francesa Solidarité Renouvelables señaló que la medida pondrá en riesgo de quiebra a cerca de la mitad de los 850 proyectos en cuestión y provocará la pérdida de atractivo a los ojos de los inversores que se dedican al despliegue de las energías renovables.
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