El pasado 25 de enero vencía el plazo para que las administraciones central –que tramita proyectos renovables de más de 50 MW– y autonómicas valorasen formalmente de manera positiva o negativa las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) para que los promotores no perdiesen los permisos de acceso y conexión que habían recibido en su momento de Red Eléctrica tras abonar un aval de 40.000 euros por MW (40 €/kW instalado). Finalmente, el MITECO y la mayoría de CC AA consiguieron tramitar a tiempo todos los permisos pendientes determinados como consecuencia de la aplicación del RD 23/2020 (y sus modificaciones en los RD 29/2021 y RD 3/2023), que fijaba los plazos de tramitación de las plantas renovables.
Pero, ¿y los que no? Hay unos 15.000 MW que no cumplieron el hito o cuya DIA fue desfavorable, y Red Eléctrica (REE) ha comenzado a retirar los permisos vencidos automáticamente. Ante ello, algunos afectados están presentando conflictos de acceso contra la decisión de REE ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), alegando que la responsabilidad en el incumplimiento del hito es de la administración. En algunos casos, llaman a REE y a la CNMC a “realizar una interpretación finalista de la norma”, de manera que la transición energética, como bien superior, no se vea entorpecida. Finalmente, se alega también que la caducidad no es firme (automática) sin una resolución judicial que lo certifique, y solicitan, como medida cautelar, que no se les retire el punto de conexión.
También hay reclamaciones por haber obtenido una la Declaración de Impacto Ambiental desfavorable, por la que los afectados presentaron una solicitud de revocación “ante la evidente y manifiesta vulneración de sus derechos” y afirman que, por ello, “la DIA desfavorable no ha devenido en un acto administrativo firme”.
Hasta el momento, la CNMC está resolviendo estas peticiones de manera sistemática desestimando los recursos de los solicitantes y certificando la retirada de los permisos por parte del operador del sistema, pero contra esta decisión cabe el recurso ante la Audiencia Nacional.
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