En España, el sector sabe que las promotoras de proyectos fotovoltaicos y eólicos han de cumplir plazos estrictos de obtención de permisos para no perder su punto de conexión a la red eléctrica, lo que les obligaría a volver a la casilla de salida de un largo proceso burocrático que dura, de media, unos cinco años.
El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) y las consejerías autonómicas protagonizaron en los últimos meses un auténtico esprint para analizar las peticiones de cientos de proyectos eólicos y fotovoltaicos antes del pasado 25 de enero, fecha límite para obtener la declaración de impacto ambiental (DIA).
Era solo una etapa burocrática de las varias que las compañías deben superar hasta que los proyectos entren en operación: tras la DIA favorable, la mayoría de los proyectos en tramitación han de conseguir la autorización administrativa de construcción –en este caso, el plazo vence el 25 de julio de este año–, y las instalaciones deberán estar efectivamente funcionando antes del 25 de junio de 2025.
Si bien este permiso requiere un proceso mucho más sencillo que el de la DIA, y a pesar de que MITECO creó la División de proyectos de energía eléctrica para la tramitación de proyectos con DIA positiva, se ha producido un gran atasco que, además, podría colapsar el sector por la concentración de todos los trabajos de construcción de las plantas y de los proveedores en una situación tensionada por los tipos de interés y la posible caída de la rentabilidad de los proyectos merchant tras la bajada del pool. Numerosas empresas dijeron a pv magazine durante Intersolar que no se está construyendo al ritmo previsto.
Desde las empresas se oye desde hace meses que “esos plazos son de imposible cumplimiento”, y diferentes fuentes han confirmado a pv magazine que mañana se aprobará una de las prórrogas, la necesaria para conseguir la autorización administrativa de construcción, que vencía el 25 de julio de este año.
En cambio, las mismas fuentes afirman que la ampliación del plazo para poner en marcha los proyectos fotovoltaicos se decidirá tras las elecciones, lo cual tendría el efecto secundario de obligar a un posible Gobierno formado por el Partido Popular (PP) y Vox a mostrar su postura respecto a las renovables.
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