Las promotoras buscan estrategias de diferenciación con los Gobiernos y comunidades locales

La aceptación social en el desarrollo de proyectos renovables se está convirtiendo en un escollo más de los múltiples con los que tienen que lidiar las promotoras. En las últimas semanas, algunas empresas han cambiado significativamente la estrategia de comunicación de los proyectos: si bien el argumento predominante hasta el momento era el apoyo a la transición energética y las emisiones de CO2 que se evitan a la atmósfera con cada proyecto, ahora el foco ha cambiado. En los últimos días, diferentes empresas han comunicado una serie de líneas de actuación cuyo objetivo es beneficiar de algún modo a las comunidades y fomentar la aceptación de los proyectos para limar el escepticismo surgido en algunas regiones hacia instalaciones que, en ocasiones, son percibidas como irrespetuosos con el territorio y el ecosistema.

Iberdrola destaca las compra a proveedores locales y los ingresos a las arcas públicas

Iberdrola cuantifica los efectos positivos para los proveedores del despliegue de proyectos en las comunidades autónomas, y así lo está comunicado. Por ejemplo, la energética comunica afirma ser uno de los motores de la economía en la Comunidad Valenciana tras haber ha efectuado compras a 450 proveedores autóctonos por valor de más de 210 millones de euros en 2022, lo que, afirma, supone un impacto socioeconómico de más de 840 millones de euros en la región.

También ha comunicado que aporta a Castilla y León más de 1.183 millones en 2022, un 47% más, a través de compras a más de 400 proveedores castellano y leoneses por valor de 236 millones y realiza una contribución fiscal de más de 186 millones.

Por otro lado, valora en 2.700 millones su impacto en la economía vasca, las compras a unos 600 proveedores locales ascienden a 1.700 millones, y la aportación a las arcas públicas ronda los 400 millones.

En Cataluña, afirma haber llevado a cabo compras a medio millar de empresas de la región por valor de 230 millones de euros durante 2022 y realizó inversiones en esta comunidad por 59 millones.

La actividad económica de Iberdrola en Aragón genera un impacto socioeconómico de 155 millones gracias a las compras a más de 120 proveedores aragoneses por valor aproximado de 50 millones de euros.

Aportaciones de la facturación al Ayuntamiento

En este caso, la comunicación viene por parte del Ayuntamiento, y no de las empresas: el pleno del Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) ha aprobado la formalización de contratos privados de patrocinio de actuaciones municipales por parte de las promotoras de tres plantas fotovoltaicas que, de obtener adjudicación en este municipio, aportarían anualmente al Consistorio y durante 35 años en torno a un 1% de la facturación de estas plantas para actuaciones municipales. Para ello, ha contado con los votos a favor de los Grupos Socialista y Popular y el voto en contra de la edil de UCIN.

Se trata de las empresas Aratel Energías Renovables, S.L –relacionada con el fondo Southland Group–, que se compromete a abonar al Ayuntamiento de Manzanares el equivalente al 1,01% de los ingresos generados por el proyecto fotovoltaico PSF Majadas; Sacoren Torrellano, S.L. –relacionada con Sacyr–, que abonaría el 1% de los ingresos que genere el Parque fotovoltaico Manzanares; y Repsol Renovables, con el abono del 0,91% de los ingresos del Parque fotovoltaico Virgen de Peñarroya.

Colaboración para impulsar la formación en energías limpias

La promotora Capital Energy y la Fundación Santa Bárbara (FSB), una entidad pública sin ánimo de lucro adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, han anunciado hoy una colaboración mediante la cual desarrollarán programas formativos, cooperarán en la ejecución de proyectos de I+D+i y contribuirán a la disminución de la siniestralidad laboral.

La promotora explica que “la colaboración con la FSB se enmarca en el deseo de Capital Energy de convertirse en un aliado estratégico de Castilla y León, a través de la creación de valor social, económico y medioambiental para la comunidad y sus habitantes. En línea con esta visión, cuenta con el Proyecto Territorios, una iniciativa diferencial que combina su compromiso con la transformación del modelo energético y su deseo de impulsar el desarrollo de las regiones en las que está presente”.

La empresa promueve más de 40 proyectos renovables en la comunidad que suman 3 GW y subraya que la construcción de toda esta cartera “implicaría una inversión global de 2.900 millones de euros, así como la creación de unos 11.000 puestos de trabajo directos en los periodos punta de las obras, una aportación fiscal aproximada de más de 50 millones de euros en la fase de construcción y una contribución al PIB de más de 850 millones de euros”.