El Real Instituto Elcano organizó en febrero un acto público sobre “La contribución de la energía solar fotovoltaica a la autonomía estratégica europea”, que se ha articulado en torno a la diversificación del suministro, la descarbonización, las oportunidades de reindustrialización y la cohesión territorial. Estas aportaciones de la energía solar fotovoltaica requieren de medidas regulatorias predecibles, estables y efectivas que otorguen seguridad a inversores, promotores y ciudadanos.
En el evento se ha analizado la energía solar desde varias vertientes: como tecnología clave en la autonomía estratégica en respuesta a la invasión rusa de Ucrania dentro del marco REPowerEU, así como su papel para la mitigación del cambio climático y la competitividad industrial de la Unión Europea.
Las energías renovables han sido identificadas como uno de los vectores para el desacoplamiento energético con respecto a Rusia a largo plazo en la respuesta de la UE a la invasión rusa de Ucrania, el plan REPowerEU.
La fotovoltaica lidera este despliegue renovable en la UE con 40 GW instalados en 2022, con España en un destacado segundo lugar (con aproximadamente 7 GW incluyendo autoconsumo) por detrás de Alemania. Esta tendencia confirma un cambio de paradigma tecnológico en el que las energías renovables ya son más competitivas que sus alternativas fósiles en la producción de electricidad en gran parte de las localizaciones a nivel global. Esto abre una nueva etapa en el proceso de descarbonización en la que el recurso renovable ofrece sendas de reindustrialización, electrificación de la demanda energética y refuerzo de la autonomía estratégica.
En el caso de España, con una de las mejores tasas de irradiación solar de Europa (más de 3.000 horas al año), disponibilidad de terreno y una industria renovable muy consolidada, la contribución de la energía solar fotovoltaica a la transición energética es particularmente relevante.
Su integración en el sistema, sin embargo, requiere un desarrollo acompasado de los sistemas de transporte eléctricos –optimizar el uso de la red de transporte a través de las tecnologías de digitalización y de información, además de un desarrollo paralelo de la red eléctrica que acompañe la instalación de nueva capacidad de generación–, un proceso de electrificación de la demanda y un despliegue medioambiental y socialmente respetuoso con el territorio: a nivel nacional, dicha optimización requiere planificar la red de transporte para permitir el desarrollo de proyectos en lugares con el mejor recurso solar, el menor impacto medioambiental y la mayor creación de riqueza posible.
La construcción de nuevas interconexiones internacionales, particularmente el aumento de la capacidad de interconexión eléctrica con Francia a través del golfo de Vizcaya es otra herramienta para dotar al sistema eléctrico ibérico de mayor flexibilidad y respaldo en un contexto de creciente penetración de generación fotovoltaica, al tiempo que incrementa la resiliencia de todo el sistema eléctrico europeo.
Sin embargo, incluso con el aumento interconexiones previsto, no llegaremos a cumplir con el objetivo de alcanzar al menos una ratio de capacidad transfronteriza del 15% establecida por la UE para 2030. Revertir esta situación deber ser un asunto prioritario y de carácter estratégico, según las conclusiones del Real Instituto Elcano.
La matriz de generación también debe adaptarse a una mayor penetración de la solar fotovoltaica y ofrecer respaldo para los momentos de salida y puesta del sol por medio de tecnologías de generación eléctrica flexibles y almacenamiento, que necesitan una remuneración justa que incentiven su desarrollo.
Para la protección del consumidor residencial, comercial e industrial ante la volatilidad de precios de los combustibles fósiles se recomienda fomentar el autoconsumo y las comunidades energéticas.
La electrificación del transporte por medio de la electromovilidad y de la producción térmica mediante bombas de calor residenciales o industriales se ven, por su parte, como un paso necesario para trasladar los beneficios de la competitividad solar española al resto de los sectores económicos.
La electrificación directa e indirecta (a través del hidrógeno renovable) ofrece una oportunidad de reindustrialización para España a partir de un suministro energético limpio y autóctono, que puede cumplir también una función vertebradora del territorio.
A esta oportunidad industrial se une la necesidad de reforzar la seguridad de la cadena de valor de la tecnología fotovoltaica. “Urge repensar, en el marco de la nueva política industrial europea, el desarrollo de una cadena de valor solar fotovoltaica autóctona que sea compatible con los objetivos renovables”. En ese sentido, la respuesta que la UE ha decidido dar al Inflation Reduction Act (IRA) de EE UU, con el Green Deal Industrial Plan “representa para España una oportunidad para materializar las aspiraciones industriales bajas en carbono ya planteada en el plan español de recuperación, transformación y resiliencia”, según los ponentes del evento.
Una transformación integral de la matriz energética e industrial necesita de financiación competitiva y una política monetaria que incorpore las necesidades de la transición energética en su toma de decisiones. Igualmente, aprovechando los fondos PERTE, podrían adoptarse deducciones temporales que incentiven la puesta en funcionamiento de proyectos de energías renovables.
Finalmente, el desarrollo solar en España debe contar con mecanismos que garanticen la creación de valor en el territorio de su implantación. Es necesario conjugar la planificación y la protección de espacios protegidos con unos trámites administrativos y permisos ambientales más ágiles.
La energía solar tiene la ventaja de generar un menor impacto ambiental que otras alternativas renovables y puede permitir la hibridación con otras actividades económicas agropecuarias (por ejemplo, la energía agrovoltaica) y contar con una menor complejidad en su mantenimiento.
No obstante, para incentivar estas sinergias positivas en los territorios de implantación son necesarias garantías socioambientales que capaciten y formen a la población local para el aprovechamiento de las nuevas oportunidades económicas asociadas a la instalación de energías renovables. Para ello, se propone la institucionalización de iniciativas de innovación social para el phase-in de renovables. Así, se podrían diseñar “Convenios de Transición Socioambiental (CTS)” basándose en: 1) la experiencia de los Convenios de Transición Justa para el phase-out de instalaciones térmicas o nucleares, 2) las recomendaciones existentes, todo ello adaptando estos CTS a cada proyecto desde la fase de diseño.
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