El Ministerio Público ha solicitado 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público para el exalcalde de Usagre (Badajoz) Antonio Luna por prevaricación administrativa en la concesión de la licencia urbanística a la planta fotovoltaica Núñez de Balboa. La Fiscalía solicita, además, la misma pena para su ex teniente de alcalde María Dolores Esteban. Finalmente, solicita 21 meses de cárcel y una multa de 2.700 euros para el administrador de la empresa responsable, Proyecto Núñez de Balboa S. L., llamado Andreas Hilkermann, por un delito de falsedad en documento oficial cometido por particular.
Según se recoge en la calificación fiscal, el administrador, solicitó al ayuntamiento la concesión de la licencia urbanística mediante la declaración responsable a pesar de que era “plenamente conocedor de que lo manifestado no se ajustaba a la realidad, por carecer en dicho momento de todas las autorizaciones y concesiones respectivas”.
La secretaria-interventora del Ayuntamiento de Usagre se requirió a la empresa que aportara las autorizaciones y permisos necesarios, requerimiento que la empresa no cumplió, por lo que la secretaria emitió un informe en el que instaba a la revisión de oficio del expediente, según relata la fiscal en su escrito. No obstante, a pesar de lo recomendado por la secretaria-interventora, el entonces alcalde resolvió conceder la licencia en junio de 2018, “siendo plenamente consciente de que su actuación menoscababa el correcto ejercicio de la función pública y motivado por el objeto de evitar que la planta fotovoltaica desempeñara su actividad en otro municipio”.
En otro dictamen de 4 de octubre de 2018, la secretaria-interventora volvió a informar de manera desfavorable la concesión de licencia urbanística. “Una vez obtenido dicho asesoramiento jurídico, Antonio Luna hizo constar, por primera vez durante la tramitación del expediente, que él mismo podría tener un interés particular en el levantamiento de la suspensión de la licencia por discurrir las líneas de evacuación de la fotovoltaica por sus terrenos”, determina la Fiscalía en su acusación.
¿Desmantelar la planta?
La planta Núñez de Balboa, de 500 MW, está operativa desde abril del 2020, y ya está viviendo un proceso en los tribunales en relación al procedimiento de expropiación de los terrenos. En junio de 2022, la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura comunicó que había estimado en parte el recurso presentado por la empresa Natura Mananger, uno de los tres propietarios de los terrenos en los que se ubica la fotovoltaica, contra el acuerdo de expropiación del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Badajoz, que fijó el justiprecio de sus 525 hectáreas, de las 854 totales del proyecto, por 3,4 millones de euros.
El fallo de la Sala Contencioso-Administrativo del TSJEx se centra en la validez del contrato de alquiler, que se firmó inicialmente en 2012 y que había sido renovado en 2016, unos meses antes de que se solicitaran las autorizaciones para la planta y la declaración de utilidad pública. El justiprecio de 3,4 millones es inferior a la mitad de dinero que hubiera percibido al acabar el periodo de alquiler.
Así, el TSJEx en su fallo obliga a la empresa a desmantelar la planta fotovoltaica y a devolver las 500 hectáreas sobre las que está asentada a su dueño, por considerar que estas fueran expropiadas de manera ilegal. La devolución de 525 hectáreas, de las 854 totales del proyecto, supondría más de un 60% del suelo total. Iberdrola confirmó a pv magazine que recurriría al Tribunal Supremo esta sentencia.
pv magazine informó sobre qué sucedería con los PPAS firmados sobre Núñez de Balboa en caso de que Iberdrola deba desmantelar la planta.
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