Fundación Renovables se suma a los esfuerzos por la aceptación social

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Ante los movimientos de oposición que están surgiendo y con el objetivo de conservar la biodiversidad para mejorar la aceptación e inclusión de la sociedad en el proceso de la transición energética, la Fundación Renovables ha reaccionado con la elaboración de un nuevo documento titulado “Renovables, ordenación del territorio y biodiversidad” en el que exige unas líneas de actuación en base a una serie de criterios técnicos, regulatorios y financieros para crear una ordenación y una planificación energética en la implantación de las renovables.

La Fundación Renovables considera urgente, asegura en un comunicado, el desarrollo de una regulación que priorice el autoconsumo, comunidades energéticas y la generación distribuida y la creación de una ordenación vinculante para las Comunidades Autónomas respecto a la generación con renovables con criterios territoriales, ambientales y de inclusión social. Estas medidas de actuación deben ser aplicadas a todos los proyectos de renovables, incluidos los que se encuentran en estado de tramitación.

Se está produciendo, indican, una falta de control y de criterios en la ordenación por la inexistencia de una planificación en la implantación, ocasionando una saturación de las administraciones para la tramitación de proyectos.

En la actualidad el despliegue de los proyectos de energías renovables por toda la geografía española está generando un creciente rechazo local. Aquí recopilamos algunas de las últimas acciones en contra de los megaparques.

Ayer mismo, UNEF, la Unión Española Fotovoltaica, anunció la puesta en marcha la Certificación de Excelencia de Sostenibilidad y la Conservación de la Biodiversidad en las plantas fotovoltaicas con el objetivo de reconocer los proyectos realizados bajo los mejores criterios de integración social y ambiental.

Criterios socioeconómicos y evacuación

Las propuestas contemplan la posibilidad para procesos en concurso abierto pensando en la asignación de potencia disponible, incluyendo la posibilidad optativa de incorporar criterios socioeconómicos y ambientales en los concursos de acceso y conexión, tal y como dispone la normativa nacional y europea.

El despliegue de proyectos de renovables a gran escala, entre otros criterios, debe realizarse en la cantidad y ubicación ajustadas para cubrir las necesidades del sistema eléctrico que las soluciones de autoconsumo y generación distribuida no pueden aportar. Debe reservarse capacidad de evacuación para el autoconsumo allá donde se instalen grandes plantas y eximir a las instalaciones de potencia inferior a la contratada de solicitar permiso de acceso y conexión, indican.

Proponen que el Estado garantice que la red y los nudos de media tensión tengan capacidad de evacuación para todos los proyectos de generación distribuida, junto con la creación de cupos de reserva de potencia obligatoria en la planificación energética y en las subastas. Del mismo modo, se debe maximizar la energía que se puede inyectar a la red apostando por la hibridación de renovables, priorizando los parques eólicos existentes y los nuevos con fotovoltaica, apostando, además, por la repotenciación.

Zonificación y participación pública

Siguiendo con lo propuesto por MITECO, Fundación Renovables propone que las Comunidades Autónomas creen una planificación energética territorializada que contenga una zonificación socioeconómica y ambiental obligatoria y vinculante para la ordenación de las instalaciones a escala local y regional. La propuesta es desarrollar un proceso de participación pública (de 3 meses de duración) que quede aprobado a finales de marzo de 2023. Además, la gestión de los nudos de la red eléctrica debe realizarse en función de la demanda de energía existente y prevista en cada área.

Un PNIEC más estricto y limitante

La Fundación ve la necesidad de revisar el PNIEC para incluir una cláusula adicional con el contenido específico de ordenación del territorio sobre toda la zonificación socioeconómica y un análisis de los impactos en el territorio. Se deben modificar las Declaraciones de Impacto Ambiental para que los estudios sean sinérgicos, acumulativos y consideren la totalidad del desarrollo de un área delimitada previamente. Igualmente propone crear una regulación estricta y limitante sobre el uso de superficie agraria útil, de las autorizaciones de los nudos para un mismo promotor, de la colaboración cuando exista concurrencia de promotores en una misma zona.

A nivel local propone el establecimiento de una renta de igual valor al pactado con el propietario del terreno, con un valor mínimo de 600€/MW/año, establecer procedimientos de concentración parcelaria y, entre otras muchas medidas, la creación de un Fondo Provincial para la Biodiversidad y Desarrollo Social al que se harían aportaciones de las plusvalías alcanzadas por unas cláusulas antiespeculación y de limitación de actuaciones administrativas.

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