Hace unos meses, pv magazine habló con Joan Groizard, Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), acerca del rechazo que se genera a grandes plantas que se ven como “el nuevo ladrillo”. En este sentido, Groizard afirmó que “las grandes plantas son necesarias, pero hay que desarrollarlas bien. […] No podemos renunciar al ritmo de desarrollo y de implantación de renovables. […] Eso sí, deben estar bien hechas y bien implantadas”, dijo.
No nos cabe duda de que la intención del Miteco es que esas grandes plantas se desarrollen “bien”, pero los municipios afectados no siempre acogen con buenos ojos estos proyectos.
Algunos ejemplos que ya hemos difundido en pv magazine son la moratoria aprobada por unanimidad en pleno del Ayuntamiento de Sabiñánigo (Huesca) a la implantación de grandes plantas fotovoltaicas y eólicas en el municipio; y la pasada semana, fue el Ayuntamiento de la localidad murciana de Yecla quien anunció la suspensión durante un año de las licencias de ganadería intensiva y de las plantas de energía solar. También vecinos del municipio valenciano de Chiva, de unos 15.000 habitantes, se han mostrado contrarios a la instalación de una planta fotovoltaica a los pies de la Sierra de Chiva en una encuesta ciudadana lanzada por el Ayuntamiento.
Hoy llegan más anuncios de acciones similares:
El Ayuntamiento de Jaca aprobó en pleno la suspensión cautelar de la concesión de licencias urbanísticas y de actividad necesarias para poder implantar instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables durante un año. De esta suspensión cautelar, quedan excluidas las licencias ya solicitadas antes de este acuerdo.
El municipio de Castalla, en Alicante, ha iniciado los trámites para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que permitirá paralizar las diferentes iniciativas industriales que promueven grandes plantas fotovoltaicas en el municipio. En este sentido, el alcalde Antonio Bernabeu afirma que “promovemos blindar nuestro territorio a estos proyectos”.
El Ayuntamiento de La Oliva, en Fuerteventura, ha presentado alegaciones en el trámite de información pública de la solicitud de autorización para la instalación de plantas fotovoltaicas Apolo I, II, III y IV, que promueve la compañía Canaria Grupo Satocan. “Nuestro compromiso con las energías renovables es absoluto e inquebrantable, pero no puede estar por encima del deber de protección del paisaje. Por esto, reclamamos regulación y ordenación, para poner fin a este caos y desorden que está minando el municipio de La Oliva, pero también el conjunto de Fuerteventura, de instalaciones que rompen el paisaje” afirma la alcaldesa, Pilar González.
El Ayuntamiento de Moixent, en Valencia, modificará el Plan General para aumentar la protección de Les Alcusses, donde se ha solicitado el Certificado de Compatibilidad Urbanística para instalar dos parques solares cerca del poblado íbero de la Bastida. En la misma región, Font de la Figuera intenta actualmente modificar su Plan General de Ordenación Urbana para aumentar la protección de todo el término, donde hay actualmente ocho proyectos fotovoltaicos en proceso de aprobación.
El Consell de Medio Ambiente de Ontinyent, también en Valencia, ha rechazado un proyecto para una planta de 10 MW en una finca de 27 hectáreas en un espacio calificado de especial protección agrícola en el Plan General. El Ayuntamiento de Ontinyent se muestra favorable a fomentar el autoconsumo energético y la constitución de comunidades eléctricas locales, frente al de las macroplantas fotovoltaicas.
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