El 8 de marzo se aprobó por unanimidad en pleno del Ayuntamiento de Sabiñánigo (Huesca) una moratoria a la implantación de grandes plantas fotovoltaicas y eólicas en el municipio. Esta propuesta fue promovida por Cambiar Sabiñánigo en el último pleno, y está en relación con la posible instalación de un gran parque fotovoltaico en el entorno de Espuéndolas, en los municipios de Jaca y Sabiñánigo.
Cambiar Sabiñánigo presentó una moción solicitando la moratoria a la implantación, y “solicita al Ayuntamiento que adopte medidas en el ámbito de sus competencias legales para posibilitar un desarrollo ordenado de las energías renovables en el municipio e impedir sus negativos impactos paisajísticos, medioambientales, turísticos, económicos y sociales”, explica. Además, el portavoz de Cambiar Sabiñánigo, Javier Sadornil, recuerda “que el Alto Aragón ya ha pagado un alto coste social y medioambiental al contribuir a la generación de energía renovable, como así lo atestiguan las infraestructuras hidráulicas que inundan sus valles”.
“Nosotros no tenemos regulado este tipo de instalaciones, por lo que durante un periodo de tiempo no se van a conceder licencias con el fin de estudiar cuales son las regulaciones que queremos introducir en el Plan General de Ordenación Urbana”, añade Berta Fernández, alcaldesa de Sabiñánigo (PSOE). También se plantea la creación de una plataforma en defensa del Alto Gállego y Jacetania ante la amenaza de este tipo de instalaciones.
Cada vez surgen más voces contra el desarrollo de grandes plantas en zonas con valor paisajístico. Vecinos del municipio valenciano de Chiva, de unos 15.000 habitantes, se han mostrado contrarios a la instalación de una planta fotovoltaica a los pies de la Sierra de Chiva en una encuesta ciudadana lanzada por el Ayuntamiento, que refleja que una mayoría de los participantes es desfavorable al proyecto y no ve adecuada la elección del lugar por parte de la empresa impulsora, la italiana Falck Renewables. Sin embargo, un 42% estaría a favor de que esa planta se ubicara en el municipio, pero en otro enclave.
La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) hizo público hace unas semanas un comunicado en el que insta a la administración del Estado, dado que esta es la competente en la tramitación de parques de más de 50 MW, y a las administraciones locales y autonómicas, a que articulen, “con carácter de urgencia, todas las medidas que sean necesarias, para limitar la dimensión de los nuevos proyectos fotovoltaicos y ordenar la distribución territorial de estos proyectos”.
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