Luces y sombras del RDL 23/2020 para la Fundación Renovables

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La aprobación del RDL 23/2020 ha sido bien recibida por la mayoría de las agentes del sector español. UNEF, la patronal del sector fotovoltaico, celebraba hace un par de días que el nuevo modelo de subastas que propone la normativa atraerá más de 20.000 millones de euros al sector fotovoltaico.

Ahora, la Fundación Renovables (FER) ha compartido su opinión sobre lo que este RDL 23/2020 supone para las renovables. A pesar de que, en términos generales, muestra “satisfacción por su aprobación”, también señala la falta de “muchos de los puntos fundamentales para esa aceleración, así como la falta de participación pública en su proceso de desarrollo, o no aparecen contenidos, como es el caso de la política fiscal, la modificación de normas jurídicas restrictivas o el apoyo explícito al autoconsumo y la rehabilitación energética, lo cual consideramos incoherente; o contienen un desarrollo laxo en los compromisos temporales de implantación y establecimiento”.

Respecto al nuevo sistema de subastas y su celebración, la organización se congratula de “que sean competitivas y por la eliminación de las barreras que lo evitaban”. La entidad, no obstante, considera que “de los 12.000 MW que se pretenden instalar de potencia renovable para el periodo 2020/2022, se deja en el aire varios puntos clave de cómo se llevarán a cabo.” En este sentido, reiteran la importancia de “un calendario explícito y de la necesidad de exigencia de madurez administrativa de los proyectos presentados”.

Otro término importante que subraya la organización es el del acceso y conexión. Sobre la obligación de los titulares de disponer de un plazo máximo de 6 meses para solicitarlo y evitar que caduquen, Fundación Renovables afirma que “es bien recibido, y era muy esperado”, y de ese modo se podrá “evitar la conversión de actos administrativos en especulativos, así como la saturación y congestión de dichos puntos.” También sobre este punto aclara que “no comprendemos que el RDL otorgue a los titulares de los permisos, que los obtuvieron hace 7 años (2013) y que no disponen ya de una madurez administrativa contrastable, siendo una prueba de su interés real de ejecución, se les habiliten unos plazos para acreditar hitos que dilaten la disponibilidad real de conexión y que les permita obtener la autorización administrativa de explotación definitiva”. La organización considera que, en este caso, “si no tiene un avance administrativo, deberían perder el permiso, o, al menos, darle un periodo de tiempo más reducido.”

Sobre la inversión anual en redes de transporte y distribución, FER sostiene que “supone una insistencia en el modelo concesional a los propietarios de dichas redes, sin que se incida en que el esfuerzo sea para avanzar en la digitalización del sistema, aumentado la rentabilidad por inversión y no una política efectiva y coherente de pago por uso que beneficie al consumidor”.

Más crítica es la Fundación en el apartado correspondiente a Políticas Fiscales y de Inversión. Sobre éste, la entidad declara que “No entendemos la ausencia de medidas para la utilización de la política fiscal con carácter activo para la promoción de iniciativas y para el gravamen del consumo de combustibles, lo cual es incomprensible desde el punto de vista de ser una herramienta clave para acelerar y agilizar objetivos. La incorporación como única medida de índole fiscal de la libertad de amortización en la realización de actividades de innovación y mejora tecnológica en la industria de la automoción, nos parece insuficiente y solicitamos que sea extensible a otras actividades industriales relacionadas con la sostenibilidad”.

Respecto a los apartados de comunidades energéticas y eficiencia energética, FER se alegra de la aparición de la figura en el primero y se “alegra de que recuperemos un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética” en el segundo.

De este modo, la organización valora positivamente el nuevo RD, pero deja claro que “nos hubiese gustado que “en una crisis tan profunda, las medidas no hubiesen tenido un calado e impacto temporal más exigente y un compromiso de cumplimiento más urgente.”