Fundación Renovables propone un Contrato Social de la Energía para hacer posible el cambio efectivo de modelo energético

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La Fundación Renovables ha presentado este martes en Madrid el informe “El Contrato Social de la Energía: Electrificar para democratizar” que engloba las ideas, propuestas y análisis publicados por la fundación a lo largo de los últimos nueve años.

El punto de partida de su discurso es la consideración de la energía como un bien básico de primera necesidad cuyo acceso debe ser garantizado como servicio público. Para ello, reivindica que la señal precio responda al pago por uso, y no por inversiones, y la constatación de que el sector tradicional no podrá nunca protagonizar un cambio radical que va contra sus propios intereses.

Para la Fundación Renovables “la electrificación de la demanda, de origen renovable, es la única vía para lograr un futuro sostenible bajo criterios de eficiencia, equidad, justicia social y pleno respeto al medio ambiente. Ello exige rediseñar por completo el sistema eléctrico del país, evolucionando e innovando, de manera disruptiva, gracias a la tecnología ya disponible hasta alcanzar un nuevo sistema descentralizado y multidireccional, en el que la ciudadanía tenga capacidad de decisión tanto para comprar como para generar electricidad”, afirma.

El informe se estructura en tres partes. En la primera, titulada “Razones para el cambio”, se repasan los motivos que justifican la necesidad de actuar para cambiar el sistema eléctrico. Entre ellos encontramos: el no acceso universal a la energía y la persistencia de la lacra de la pobreza energética; la absoluta falta de transparencia en la fijación de precios y la flagrante asimetría en la asignación de los costes de un sistema que es opaco y nada democrático; el grave problema reputacional que tienen las empresas del sector; el control de la propiedad de las infraestructuras por parte de unas pocas manos; la perversa conversión de ciertos trámites administrativos en verdaderos bienes especulativos; la inexistencia de grados de libertad de los consumidores; la carencia de una política fiscal activa y finalista y la ineludible obligación de erradicar los combustibles fósiles y culminar a tiempo la transición energética, por razones de emergencia ambiental y en consecuencia social.

En la segunda parte, titulada “Las palancas del cambio”, se abordan aquellos instrumentos o mecanismos que permiten sustituir el paradigma actual. Uno de ellos es la aparición de escenarios tecnológicos (internet de las cosas, blockchain, etc.): otro, el hecho de que la generación de electricidad a partir de fuentes renovables de energía es, hoy día, más barata que el uso de combustibles fósiles; y el autoconsumo y el almacenamiento de electricidad en baterías serán claves tanto para la electrificación de la demanda como, sobre todo, para la gestionabilidad del sistema y la reducción de inversiones de generación con baja utilización.

En la tercera parte, titulada “Los caminos del cambio”, el informe aborda actuaciones para transformar el sistema energético, particularmente del sistema eléctrico. Entre ellas, se mencionan el diseño de una tarifa eléctrica transparente y con una señal precio real; la digitalización del propio sistema eléctrico; la consolidación de la figura del agregador de demanda; la corresponsabilidad en el cumplimiento de compromisos de cobertura de la demanda con renovables; el cambio de modelo en la propiedad y gestión de las infraestructuras; la reforma fiscal, que genere una política fiscal activa y finalista y la articulación de un nuevo modelo eléctrico en el que la electricidad esté considerada como un bien de primera necesidad y como un servicio público.

Como vehículo para lograrlo se propone “El Contrato Social de la Energía”, en el que la Fundación antepone las necesidades del conjunto de la sociedad a los intereses individuales. A partir de un concepto más social de la energía, la define como un servicio público y como un bien de utilidad pública cuyo acceso universal debe quedar garantizado, al menos, en su formato eléctrico a partir de fuentes renovables. Se detallan las bases y los derechos sobre los que pivota la propuesta del Contrato Social de la Energía, cuyo paso siguiente ha de ser alcanzar un Pacto de Estado de la Energía con el mayor consenso posible.

Finalmente, el informe presenta sus propuestas de actuaciones legislativas para desarrollar el referido Contrato Social, como la Ley de cambio climático, ley “paraguas” de un desarrollo normativo compacto que incluya, entre otras, la Ley de Reforma del Sector Eléctrico, una reforma fiscal que garantice la justicia social e intergeneracional y la reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, asumiendo que el compromiso nace desde la necesaria actuación urbana.

En palabras de Fernando Ferrando “este es un modelo de todos y para todos, en el que el acuerdo social es base para que todos asumamos los derechos y las obligaciones que conlleva”.