El Gobierno cuadruplica la cuantía de los avales por la potencia instalada

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No todo han sido alabanzas para el real-decreto por el que se eliminó, el pasado 5 de octubre, el llamado “impuesto al sol”. La disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, también podría suponer trabas al desarrollo de las renovables por parte de los pequeños y medianos productores.

Dicha disposición titulada “Medidas destinadas a asegurar la finalización de los proyectos de producción con derecho de acceso a la red”, incluye la subida de los avales que los desarrolladores tendrán que abonar antes de comenzar la construcción de los proyectos: Los proyectos de renovables tendrán que avalar a partir de ahora con 40 euros cada kW de potencia instalada, siendo que la cuantía hasta el momento era de 10 euros / kW.

Además, en los puntos de conexión de tensión superior a 36 kV, en los que la totalidad o parte de las actuaciones realizadas en las redes de transporte o distribución deban ser sufragadas por los titulares de los permisos de acceso y conexión y estas deban ser desarrolladas por el transportista o distribuidor, los titulares de dichos permisos deberán presentar al titular de la red un pago de un diez por ciento del valor de la inversión de las actuaciones en la red, en un plazo no superior a 12 meses desde la obtención de los permisos. De no hacerlo, dichos permisos caducarán.

Fuentes del sector señalan que esta medida, que no afecta al autoconsumo, reducirá la inversión de los pequeños y medianos productores y favorecerá los intereses de las grandes compañías y los fondos de inversión, que cuentan con más respaldo financiero. Mientras tanto, desde el Gobierno se señala que el objetivo es conseguir acabar con la especulación en el sector que se da, principalmente, con el suelo y los puntos de conexión.

El Congreso de los Diputados tiene de plazo hasta principios de noviembre para convalidar o derogar el decreto aprobado el pasado día 5 por el Consejo de Ministros.