Un nuevo estudio de la Comisión Europea muestra el enorme potencial de la energía fotovoltaica vertical monofacial y bifacial cuando se despliega a lo largo de carreteras y vías férreas. Su análisis refleja la limitación impuesta por la dirección de la carretera o el ferrocarril en un lugar determinado para la orientación de los sistemas fotovoltaicos.
La legislación solo necesita el visto bueno de los ministros de la UE en un próximo Consejo, antes de entrar en los libros de normas de la UE. Después, los Estados tendrán dos años para su puesta en vigor.
En la primera semana de marzo, la producción solar fotovoltaica alcanzó el mayor valor diario para un mes de marzo de la historia en la mayoría de los principales mercados eléctricos europeos.
Se prevé que el módulo fotovoltaico SEG Alpine Serie N de 700 Wp pueda adquirirse en el mercado europeo en el segundo trimestre de este año.
Además, las renovables fijaron el precio eléctrico un 41% por debajo de las grandes economías europeas, y los futuros eléctricos españoles están un 15-25% más bajos que los del mercado alemán, de referencia en Europa.
El fabricante sueco se alía esta vez con la francesa Soprasolar, filial de Soprema, para ofrecer un producto integrado de cubierta solar para tejados con baja capacidad de carga.
La UE se muestra partidaria de tomar cuanto antes medidas de apoyo a la industria fotovoltaica nacional. Sin embargo, los aranceles a la importación no son una de ellas.
El Consejo de la UE ha adoptado nuevas enmiendas para aclarar quién debe afrontar los costes de gestión de residuos electrónicos, entre los que se cuentan los módulos fotovoltaicos.
El proyecto se encuentra «Under Appraisal» por el Banco Europeo de Inversiones. En caso de salir adelante, propone una financiación de 190 millones de euros de los 540 que supone la inversión total.
El Parlamento Europeo y el Consejo tendrán que dar luz verde definitiva al acuerdo provisional. El Reglamento se publicará en el Diario Oficial y entrará en vigor al día siguiente. A partir de entonces, los países de la UE dispondrán de 3 años para aplicar las nuevas normas.
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