La primera fuente de producción en octubre ha sido el ciclo combinado, con un 23,6% del total; la eólica ha sido la segunda fuente, con el 20,3% del mix; y por detrás, se encuentra la solar fotovoltaica, que alcanza una cuota sobre la estructura de generación del 18,6%.
Según las empresas, se trata del primer contrato «Heat-as-a-Service» en Portugal, basado en una solución de calefacción alimentada por una planta fotovoltaica de 7 MWp y de 7 MWp y una batería térmica de 100 MWh.
El Boletín Oficial del Estado publicó, en la última semana de octubre, cinco proyectos de energías renovables, entre ellos 424,71 MW promovidos por Grupo Cobra.
Un estudio de Deloitte para APPA Renovables advierte que los vertidos superan ya el 17% en lo que va de 2025 debido al modo reforzado de REE, mientras la cifra del año pasado, tanto de la energía no producida por falta de demanda como las restricciones de red, fue del 8%.
Un nuevo informe de la consultora estima que, para contener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 °C, el sector energético debería invertir 4,3 billones de dólares anuales entre 2025 y 2060, lo que supone elevar el gasto del 2,5 % al 3,35 % del PIB mundial.
El valor estimado del contrato asciende a 1.694.000 euros. La fecha límite para la recepción de ofertas es el 10 de noviembre. El plazo de ejecución de las obras es de 24 meses.
El sistema híbrido planteado contará con una capacidad de almacenamiento de 3,45 MWh y una potencia máxima de 18,8 MVA, y está conformado por baterías de ion-litio y ultracondensadores con capacidad grid-forming.
Nadara comienza la construcción de su primer proyecto híbrido de energía solar y eólica en España, y Greenvolt asegura financiación por 35 millones de euros para desarrollar un proyecto híbrido en Dinamarca.
REE invita a las plantas renovables a realizar la solicitud para ser habilitadas y poder participar en este servicio que entrará en vigor el 1 de enero. Su capacidad de control de tensión les otorga prioridad de despacho de su producción en el sistema eléctrico.
El nuevo texto regula por primera vez las comunidades energéticas y los parques de baterías, no contempla que las renovables sean consideradas de interés público superior y restringe las instalaciones en suelo de regadío.
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