España y Francia destacan en Europa por desplegar renovables sin destruir biodiversidad

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Científicos de Suiza han llevado a cabo un análisis comparativo de las políticas nacionales de Francia, Italia y España en cuanto a integración ambiental, planificación territorial, seguimiento ecológico y evaluación de impactos acumulativos.

El estudio examina el modo en el que los tres países incorporan objetivos de biodiversidad en sus estrategias de despliegue renovable bajo el marco del Pacto Verde Europeo. Los científicos señalan que “Francia, Italia y España representan tres de los principales sistemas renovables del sur de Europa y comparten una elevada sensibilidad ecológica”, sin embargo, “presentan modelos de gobernanza muy distintos: Francia mantiene un sistema centralizado, mientras que Italia y España operan con estructuras descentralizadas y multinivel”.

El trabajo “Integrating biodiversity conservation into renewable energy development under the European Green Deal: A comparative analysis of national policies in France, Italy and Spain”, que se publicará en junio en Environmental Challenges, analiza 46 documentos de política pública —15 franceses, 13 italianos y 18 españoles— relacionados con energía, biodiversidad, economía circular y políticas transversales. El objetivo es evaluar hasta qué punto las consideraciones ecológicas se integran realmente en la planificación energética y cómo se gestionan las sinergias y conflictos entre biodiversidad y tecnologías renovables como la solar, la eólica, la bioenergía, la hidráulica, la geotermia o la energía marina.

España apuesta por la planificación basada en datos

El estudio identifica a España como uno de los casos más avanzados en el uso de herramientas de planificación espacial basadas en información científica.

La política española prioriza la ubicación de proyectos renovables en zonas degradadas o de bajo valor ambiental y exige minimizar la ocupación de suelo, respetar corredores ecológicos y evitar afecciones sobre espacios Natura 2000. Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica desarrolla mapas de sensibilidad ambiental y herramientas de zonificación coordinadas con las comunidades autónomas.

El estudio destaca que España incorpora principios como la “no pérdida neta de biodiversidad” y exige medidas preventivas, correctoras y compensatorias en las evaluaciones de impacto ambiental (EIA). También impulsa soluciones compatibles con la naturaleza, como la agrovoltaica o el uso múltiple del territorio.

No obstante, los autores advierten de que todavía no existe un sistema plenamente operativo para evaluar impactos acumulativos y a largo plazo derivados de múltiples proyectos renovables sobre ecosistemas terrestres y marinos.

Francia lidera la coordinación nacional

Francia destaca por disponer de un marco nacional más coordinado y homogéneo. La ley francesa de aceleración renovable establece “zonas de aceleración renovable” definidas con participación municipal y consultas públicas. Además, el país ha creado observatorios específicos para monitorizar el impacto de las renovables terrestres y marinas sobre biodiversidad, paisajes y suelos.

El estudio subraya también el papel del Secretariado General para la Planificación Ecológica, creado en 2022 para coordinar estrategias ministeriales y supervisar el cumplimiento ambiental.

Italia avanza, pero con fuerte dependencia regional

En Italia, la integración ambiental depende en gran medida de las regiones. Aunque el país ha aprobado criterios nacionales para identificar áreas aptas y no aptas para renovables, la implantación práctica sigue condicionada por desarrollos regulatorios regionales y desafíos jurídicos.

Los investigadores señalan que Italia todavía carece de un marco nacional robusto para monitorizar impactos ecológicos acumulativos derivados de proyectos renovables distribuidos en distintas regiones.

Impactos acumulativos y monitorización: los temas pendientes

El análisis concluye que los tres países han avanzado en integrar biodiversidad y transición energética mediante herramientas como las evaluaciones ambientales estratégicas (SEA), las evaluaciones de impacto ambiental, la planificación marítima y terrestre o los criterios de sostenibilidad para biomasa.

Sin embargo, persisten importantes lagunas en la evaluación de efectos indirectos, acumulativos y de largo plazo sobre hábitats, especies y conectividad ecológica. Los autores consideran especialmente preocupante que muchos sistemas de seguimiento sigan fragmentados y dependan de datos dispersos a escala regional o de proyecto individual.

El trabajo deja entrever que Francia y España presentan actualmente marcos más avanzados y estructurados que Italia, aunque cada uno destaca en aspectos distintos.

Francia aparece como el país con la gobernanza más coordinada y madura. Los autores valoran especialmente su modelo centralizado, la creación de zonas de aceleración renovable (RAAs) ya operativas para todas las tecnologías, la existencia de observatorios nacionales específicos para monitorizar impactos sobre biodiversidad y la capacidad estatal para coordinar políticas ambientales y energéticas. El texto subraya que los sistemas más centralizados tienden a lograr una implementación más uniforme y rápida.

España, por su parte, destaca por su enfoque técnico y científico de planificación territorial. Los autores consideran especialmente avanzada la utilización de herramientas de zonificación ecológica, mapas de sensibilidad ambiental y criterios basados en conectividad ecológica y servicios ecosistémicos. El estudio llega a presentar el modelo español como una referencia metodológica para identificar áreas de bajo impacto ambiental aptas para renovables.

El trabajo insiste en que el éxito del despliegue renovable dependerá no solo de la rapidez administrativa, sino también de la capacidad institucional para coordinar políticas energéticas, ambientales y territoriales.

Entre las recomendaciones figuran reforzar la planificación ecológica basada en datos –como hace España–, armonizar metodologías de monitorización y crear mecanismos formales de coordinación interministerial y multinivel.

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