Las asociaciones que agrupan a las principales compañías eléctricas, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec, que engloba a Endesa, Iberdrola y EDP) y la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Cide) y la Asociación de empresas eléctricas (Aseme) han cerrado un acuerdo marco con la asociación empresarial de pilas baterías y almacenamiento energético (Aepibal), la asociación española de almacenamiento de energía (Asealen) y la asociación española para la agregación y flexibilidad (Entra) han cerrado un acuerdo marco para fijar una postura conjunta sobre la puesta en marcha de los permisos de acceso flexible de la demanda a las redes de distribución. La iniciativa se produce en el marco de la propuesta de Resolución actualmente en tramitación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que desarrolla el esquema regulatorio de acceso flexible a las redes de distribución. Según defienden las asociaciones firmantes, la aceleración de la electrificación de la economía, el crecimiento de nuevos proyectos industriales y el auge del almacenamiento energético están incrementando de forma muy significativa las solicitudes de acceso a la red, mientras los mapas de capacidad muestran elevados niveles de congestión en numerosos nudos de distribución.
En este escenario, los accesos flexibles aparecen como la solución más realista para incorporar nueva demanda y almacenamiento sin tener que esperar años a la ejecución de nuevas infraestructuras eléctricas. Además, el reciente marco introducido por el RDL 7/2026 refuerza esta lógica al evitar que el almacenamiento bloquee capacidad firme de red, facilitando así modelos híbridos de acceso y operación.
Tres modelos de acceso flexible
La propuesta regulatoria de la CNMC contempla tres modalidades de permisos flexibles, cada una con diferentes niveles de garantía de suministro y disponibilidad de capacidad.
El denominado permiso tipo 0 está pensado para suministros cuyo acceso queda restringido a determinadas franjas horarias previamente definidas mediante patrones temporales. Fuera de esos periodos, el consumidor no puede utilizar la capacidad concedida y, en caso de incumplimiento, la instalación puede ser desconectada automáticamente.
El permiso tipo 1 introduce un modelo completamente flexible. El usuario dispone de acceso al punto de conexión, pero la capacidad puede ser interrumpida por el distribuidor en situaciones de congestión o contingencia de red. Este esquema se perfila especialmente adecuado para cargas gestionables o sistemas de almacenamiento capaces de adaptar su operación en tiempo real.
Por su parte, el permiso tipo 2 combina capacidad firme garantizada con capacidad flexible adicional. El usuario dispone de un volumen estable de potencia asegurada y puede acceder a capacidad extra siempre que la operación de la red lo permita y no se incumplan los parámetros de control definidos por el gestor de red.
El acuerdo pone especialmente el foco en el papel que los permisos flexibles pueden desempeñar para acelerar la integración de baterías en puntos de red donde actualmente no existe capacidad disponible para nuevas solicitudes de demanda firme.
En la práctica, este mecanismo puede permitir el desarrollo de proyectos de almacenamiento y electrificación industrial incluso en zonas saturadas, utilizando ventanas horarias de disponibilidad o capacidad interrumpible compatible con la operación segura del sistema. Para el sector, esto convierte los accesos flexibles en una herramienta crítica para aumentar la utilización efectiva de la red existente mientras se desarrollan nuevas inversiones en infraestructuras.
El documento también insiste en la necesidad de establecer criterios homogéneos entre distribuidores y facilitar una evolución progresiva de los distintos tipos de permisos. Las entidades firmantes consideran imprescindible acelerar tanto el despliegue regulatorio como el técnico, reforzando además la coordinación entre regulador, operadores de red y usuarios.
Tres prioridades
Desde el sector se identifican tres prioridades para culminar el proceso regulatorio.
La primera es una aprobación rápida del marco regulatorio. Las asociaciones advierten de que el mercado lleva meses esperando una señal clara y que cada trimestre de retraso implica proyectos paralizados, aplazados o desplazados a otros mercados.
La segunda es convertir la futura resolución en un marco dinámico y revisable. Dado que se trata de un esquema operativo novedoso, consideran necesario introducir revisiones periódicas basadas en la experiencia real de distribuidores y usuarios.
La tercera prioridad pasa por definir reglas claras para la facturación de peajes de potencia asociados a accesos flexibles. El principio defendido por el sector es que no debería facturarse potencia en aquellas horas en las que el consumidor no puede utilizarla. Paralelamente, consideran necesario avanzar hacia esquemas de peajes flexibles y adaptar los periodos tarifarios a la realidad operativa de las redes de distribución.
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