Los Estados miembros de la Unión Europea han votado este viernes a favor de una nueva directiva que obliga a las empresas a comprobar si sus cadenas de suministro siguen prácticas medioambientales y laborales deshonestas, la Directiva sobre la Diligencia Debida para la Sostenibilidad Corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés). Se trata de una nueva ley fundamental que obligaría a las empresas a identificar y evaluar los daños medioambientales y las violaciones de los derechos humanos en toda su cadena de valor, y a tomar medidas para prevenirlos y eliminarlos, y funcionará en tándem con el Reglamento que prohíbe los productos fabricados con trabajo forzoso.
Así lo ha dado a conocer la presidencia belga del Consejo de la EU:
“¡En la UE importa cómo se fabrican los productos! Los embajadores acaban de confirmar la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas (CSDDD). Fomenta un comportamiento empresarial sostenible y responsable, ancla los derechos humanos y las consideraciones medioambientales en las operaciones de las empresas”, han declarado en redes sociales.
La votación de hoy de los Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros (COREPER) irá seguida ahora de una votación en la Comisión JURI del Parlamento Europeo el 19 de marzo. La votación plenaria del Parlamento Europeo sobre el acuerdo preliminar tendrá lugar la semana del 25 de abril.
La Directiva sobre diligencia debida establece normas sobre las obligaciones que incumben a las grandes empresas en relación con los efectos adversos, reales y potenciales, sobre el medio ambiente y los derechos humanos en su cadena de actividades de las empresas, que abarcan a los socios comerciales situados en los eslabones anteriores de la cadena de la empresa y, en parte, a las actividades posteriores, como la distribución o el reciclado.
La Directiva también establece normas sobre sanciones y la responsabilidad civil en caso de incumplimiento de dichas obligaciones. Exige a las empresas que adopten un plan que garantice que su modelo de negocio y su estrategia sean compatibles con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.
La norma se ha adoptado a nivel de embajadores en un tercer intento que ha rebajado la ambición del texto inicial, ya que el volumen de negocios neto para que una empresa quede cubierta se acordó inicialmente en más de 150 millones de euros. En febrero, se duplicó a 300 millones de euros. El acuerdo de hoy lo vuelve a subir, a 450 millones de euros y con el nuevo umbral, solo se verán afectadas unas 5400 empresas: el 0,05% del total.
Desde UGT señalan que “a pesar de los inconvenientes, la directiva sigue siendo una herramienta poderosa, ya que al adoptar el primer conjunto de normas jurídicamente vinculantes del mundo para exigir responsabilidades a las empresas de la UE y de terceros países y a sus filiales por sus infracciones, Europa seguirá a la vanguardia de la protección de los derechos sindicales y de los trabajadores, así como del medio ambiente”.
A principios de marzo, los negociadores del Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional sobre una nueva normativa que prohíba en el mercado de la Unión Europea los productos fabricados con trabajo forzado. El Parlamento Europeo y el Consejo tendrán que dar luz verde definitiva al acuerdo provisional.
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