Iberdrola, la empresa de energía española con presencia en varios países, ha dado a conocer a través de un comunicado la suscripción de un acuerdo para vender 8.539 MW de ciclos combinados de gas y 103 MW eólicos por aproximadamente 6.000 millones de dólares al fondo de inversión privado Mexico Infrastructure Partners.
Las plantas de ciclos combinados de gas, que operan bajo régimen de Productores Independientes de Energía contratados con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son, según la información suministrada, “Monterrey I y II, Altamira III y IV, Altamira V, Escobedo, La Laguna, Tamazunchale I, Baja California, Topolobampo II y Topolobampo III, junto con el activo eólico La Venta III, que suponen un 87% del total de la capacidad instalada a desinvertir y los ciclos combinados de gas privados de Monterrey III y IV, Tamazunchale II y Enertek”.
Según analistas del sector, unos 7.000 MW de los mencionados forman parte de concesiones del gobierno mexicano que comienzan a expirar a partir de 2027, aunque la empresa aún mantiene en el país cerca de 2.500 MW de generación, varios de ellos fotovoltaicos, además del negocio de comercialización.
Se aclara que si bien el valor acordado para la venta asciende a cerca de 6.000 millones de dólares, este “podría modificarse en función de la fecha de cierre de la transacción y otros ajustes”, como también “está sujeta al acuerdo y a la firma de los contratos definitivos por las partes, así como a la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias y al cumplimiento de determinadas condiciones habituales en este tipo de operaciones”.
Existe también una aclaración de que la operación cuenta con el apoyo financiero del Fondo Nacional de Infraestructura de México (Fonadin) y otras entidades financieras públicas vinculadas al Gobierno de México.
Esta última cuestión ha suscitado que desde la administración que preside Andrés López Obrador se presente este acuerdo como una nacionalización de las fuentes de energía, que ahora pasarían a manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Según analistas de energía mexicanos, ninguna de las dos afirmaciones anteriores son ciertas, ya que los activos -como queda dicho- han sido adquiridos por un fondo privado de inversión, México Infrastructure Partners (MIP), y la CFE sólo tendrá a su cargo la operación.
Desde el lado de la empresa que lidera Ignacio Galán se asegura que la operación le permitirá recaudar fondos para impulsar sus inversiones en renovables en el país, además de significar un paso importante en el campo de la descarbonización y la transición energética.
Por otro lado, el director financiero del grupo español, José Sáinz, afirmó que “este acuerdo nos da en el corto plazo nuevas oportunidades de acelerar crecimiento en Europa y Estados Unidos, pero seguimos comprometidos con México y Brasil”.
Iberdrola y la administración de López Obrador tenían hasta ahora una tensa relación, en especial a partir de la política energética implementada por el gobierno mexicano. Desde el grupo español se dejó saber que se abre ahora un tiempo de “esperar para ver cuáles son las nuevas políticas sobre las renovables” que se seguirán en el país norteamericano.
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