La licencia social en la subasta de renovables

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En medio del debate sobre el plan de ahorro energético y casi sin hacer ruido se convocó la cuarta subasta de renovables, que se celebrará el próximo 22 de noviembre. Esta nueva subasta permitirá desplegar 3.300 MW renovables, 1.800 MW de fotovoltaica y 1.500 MW de eólica, que deberán ponerse en marcha antes de finales de 2024 y 2025 respectivamente.

Respecto al diseño, no hay grandes novedades frente a las subastas de los últimos años:

  • Se otorga un precio fijo por la venta de la energía durante doce años.
  • El almacenamiento solo puede instalarse para tomar la energía de la propia instalación (no de la red).
  • Se cuenta con una débil señal de exposición a mercado del 5% para plantas no gestionables.
  • Se introduce una cláusula de competencia por la que se limita a un 25% la capacidad adjudicada a un mismo oferente.

No obstante, hay un requisito a los adjudicatarios, que merece la pena ser comentado con más detalle, por su vinculación con el reconocimiento de licencia social.

Como en otras ocasiones, a los adjudicatarios de la subasta se les exige la presentación de un plan estratégico del proyecto. En sí, este plan no es novedad, pues ya se había requerido en otras subastas. Tampoco lo son los elementos a incluir (impacto socioeconómico, huella de carbono, estrategia de economía circular, etc.) o la transparencia del proceso (el plan se publica en la web del Ministerio). 

No obstante, hay tres elementos que me gustaría destacar por su relevancia en el reconocimiento de la licencia social:

  • Buenas prácticas ambientales y sociales implementadas en la promoción, desarrollo, construcción y operación del proyecto.
  • Estrategia de comunicación a fin de garantizar que la ciudadanía está informada sobre el proyecto, su impacto y los beneficios sociales, económicos y medioambientales que generará.
  • Planteamiento del proyecto en relación con el fomento de la participación ciudadana con carácter local, indicando los objetivos que se fija en esta materia.

Es un hecho que los proyectos renovables generan un creciente rechazo en el territorio, especialmente en zonas de mayor concentración. Sin embargo, el desarrollo de instalaciones renovables es necesario para la descarbonización del sistema eléctrico y, a través de la electrificación, de otros sectores como el transporte o la calefacción. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevé que se instalen unos 50 GW en esta década.

En este contexto de creciente oposición social, la mejor estrategia es buscar desde el inicio el reconocimiento de la licencia social, trabajando de la mano de la ciudadanía y las instituciones locales. Para ser aceptados, los proyectos deben generar un retorno que sea percibido de manera efectiva por la población local, dentro de una lógica de creación de valor compartido. El Ministerio para la Transición Ecológica, consciente de esta realidad, requiere incluir en el plan estratégico de las subastas estos tres elementos.

En primer lugar, la necesidad de justificar las buenas prácticas sociales y ambientales del proyecto. Al desarrollo renovable se le exigen los más altos estándares de sostenibilidad ambiental y social. El cumplimiento de la autorización ambiental, la creación de empleo o la recaudación de impuestos son considerados por la sociedad como mínimos sobre los que construir una propuesta de valor para el territorio.

En este sentido, hay que destacar la Guía de mejores prácticas publicada por UNEF en marzo de 2022, que establecía una metodología para el desarrollo de plantas solares con principios de creación de valor compartido.

El Ministerio requiere también incorporar al plan estratégico una estrategia de comunicación que, desde la transparencia y el diálogo, informe a la ciudadanía del proyecto. Resulta obvio, pero no siempre se tiene en cuenta, que la forma en la que la comunidad conozca el proyecto condicionará su posición respecto al mismo. Es esencial que las empresas sean proactivas en esta cuestión buscando la colaboración con la sociedad.

Por último, se exige informar sobre el fomento de la participación ciudadana del proyecto. En algunas Comunidades Autónomas como Catalunya, Baleares y Navarra, la participación ciudadana es un requisito obligatorio en determinados casos, con el fin de asegurar que la población local observa el beneficio de los proyectos y se convierte en un aliado de su implantación. Para ello, se cuenta en España con plataformas de crowdfunding que abren los proyectos a la participación de la ciudadanía desde cantidades muy pequeñas.

En definitiva, al exigir estos requisitos a los proyectos de la subasta, el Ministerio envía el mensaje de la importancia de buscar el reconocimiento de la licencia social en el desarrollo renovable. En un contexto de oposición, seguir este principio es, además de un requisito, la mejor estrategia para conseguir el éxito de los proyectos.

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