La consultora estadounidense PriceWaterhouseCoopers (PwC) ha presentado hoy en Madrid el informe “La necesidad de mejorar la tramitación de las instalaciones eléctricas desde una perspectiva nacional y europea”, elaborado con la colaboración de Red Eléctrica.
El estudio realiza un diagnóstico de la situación actual de la tramitación de proyectos de transporte de electricidad en España, y pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la simplificación de dichos procesos de tramitación.
En concreto, destaca que en el periodo 2021-2030 será necesario realizar inversiones en transporte de electricidad por valor de 11.607 millones de Euros para alcanzar los objetivos de PNIEC. PwC estima que, de mantenerse los procesos actuales de tramitación, un 39% de dichas inversiones no se podrán acometer en plazo dentro de dicho periodo, lo cual tendrá impactos negativos significativos que van más allá de los objetivos medioambientales, al afectar también a otros sectores económicos y sociales, dado el carácter vertebrador que tiene la red de transporte.
Diagnóstico de la situación actual e impactos a futuro
El incumplimiento en la puesta en servicio de las instalaciones de la red de transporte necesarias para la transición energética conllevan fuertes impactos que, debido al carácter estratégico y vertebrador de la red de transporte, se extenderían a través de distintos estratos económicos y sociales. Estos serían:
- Minoración del impacto del PIB esperado entre 6.900 M€
- Impacto negativo en la creación de 105.000 nuevos empleos
- Incumplimiento en los objetivos de instalación de potencia renovable de 23,8 GW
- Aumento de 21 MtCO2eq sobre las emisiones de GEI previstas en el PNIEC
- Aumento del precio de mercado de producción de electricidad entre 5,9 €/MWh
- Impacto bruto en la producción nacional de 16.200 M€
- Riesgo de disuasión de nuevas industrias, como hidrógeno renovable, almacenamiento energético, fabricación de baterías o data centers, con inversiones previstas de más de 58.000 M€
- Incertidumbre en la canalización de más de 15.000 M€ de los fondos NextGen, asociados directa o indirectamente a inversiones en la infraestructura eléctrica.
En el caso de la red de transporte, el proceso de tramitación está dirigido a la obtención de distintas autorizaciones, siendo el organismo competente de carácter estatal o autonómico en función de las características del proyecto. En la mayoría de los casos, las Administraciones Públicas desarrollan, a través de la tramitación administrativa de proyectos e infraestructuras, un papel habilitador muy relevante. Durante el periodo 2015-2020, los tiempos medios de tramitación administrativa oscilaron entre 1 y 6 años, según el tipo de instalación.
Medidas para avanzar en la simplificación de los procesos
El documento señala que para obtener una mejora sustancial y ser capaz de cumplir con los objetivos propuestos a 2030 será necesario poner en marcha un decálogo de medidas que permitan actuar, al menos, en cuatro ámbitos: racionalización del proceso de tramitación, eliminando o simplificando la necesidad de autorizaciones; organización de recursos que permitan la mejora en la coordinación y la mejora en la resolución de conflictos; agilización del proceso de tramitación ante la falta de recursos de la administración y digitalización del proceso de tramitación.
El primer punto contempla la declaración utilidad pública, tramitación paralela de procedimientos, la eliminación del informe de la CNMC para la obtención de la autorización administrativa previay la aplicación a las instalaciones de transporte el mismo régimen que las obras públicas de interés general.
El punto dos contempla la declaración de Proyectos de interés estratégico para la transición energética aplicando procedimientos de urgencia, Establecer el trámite de audiencia de las administraciones afectadas como el momento único y oportuno para que se emitan todos los pronunciamientos preceptivos; Definir qué se entiende por modificación no sustancial para concretar en qué supuestos es necesario reiniciar el trámite de evaluación ambiental y Establecer la necesidad de que el órgano ambiental determine previamente qué informes serán preceptivos y necesarios según las características del proyecto y sin que su carácter preceptivo impida continuar la tramitación hasta la resolución.; así como un plazo máximo de 20 días para dar audiencia al peticionario para presentar alegaciones previamente a la elaboración de la propuesta de resolución de autorización ambiental.
Finalmente, la organización de recursos prevé incrementar los recursos económicos de las AAPP para la tramitación de expedientes (lo que podría hacerse mediante tasas), así como incrementar las encomiendas de gestión para el trámite ambiental y sustantivo.
Algunas de estas medidas se inspiran en las mejores prácticas observadas en determinadas regiones y países de la UE que han conseguido obtener mejoras evidentes en sus procedimientos administrativos, así como en las recomendaciones realizadas recientemente desde la Comisión Europea en el contexto del Plan RepowerEU.
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