Países Bajos planea introducir una tarifa de red para grandes productores solares

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La Autoridad de Consumidores y Mercados de los Países Bajos (ACM) avanza en sus planes para implantar una tarifa de red que obligaría a los grandes productores de electricidad, incluidas las plantas fotovoltaicas, a contribuir a los costes del sistema eléctrico. Su entrada en vigor no se prevé antes de enero de 2032.

La ACM tiene previsto aplicar esta tarifa a los grandes generadores eléctricos, incluyendo instalaciones fotovoltaicas, con el objetivo de que participen en la financiación de la infraestructura de red. Según el organismo, esta medida “contribuirá a una utilización más eficiente de la red”, y se implementará de forma gradual para permitir que los productores se adapten al cambio.

Este tipo de tarifas ya existe en algunos países europeos, como Bélgica y Dinamarca, y otros como Alemania trabajan en medidas similares. La ACM ha señalado que prevé vincular el nivel de la tarifa al modelo alemán, dado que Alemania es el principal socio comercial del mercado energético neerlandés.

Diversas asociaciones del sector en los Países Bajos han mostrado su oposición a la propuesta. Entre ellas, Holland Solar ha advertido de que la decisión genera incertidumbre en el mercado. Según la organización, la falta de claridad sobre el nivel de la tarifa está retrasando decisiones de inversión y ralentizando la transición energética, lo que podría derivar en mayores costes para los consumidores al aumentar la dependencia de importaciones energéticas.

Holland Solar ha instado a la ACM a proporcionar claridad cuanto antes sobre los próximos pasos y a desarrollar soluciones estructurales que mejoren la eficiencia del sistema energético sin obstaculizar el despliegue de energías renovables. Asimismo, ha subrayado que la transición energética requiere políticas claras y coherentes, y que retrasar decisiones no favorece el avance del sector.

En septiembre del año pasado, el Gobierno neerlandés propuso modificaciones a su normativa ambiental para acelerar los permisos de proyectos de transporte y distribución eléctrica por encima de 21 kV, con el objetivo de ampliar la capacidad de la red y reducir la congestión hasta 2032.

 

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