Luz verde a 900 millones en ayudas al autoconsumo y 220 al almacenamiento

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A propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para conceder 660 millones de euros, ampliables a 1.320 millones, en ayudas para instalaciones de autoconsumo (hasta 900 millones), almacenamiento detrás del contador (hasta 220 millones) y climatización con energías renovables (hasta 200 millones), tal y como adelantara la semana pasada la Secretaria de Energía, Sara Aagesen, en un encuentro organizado por UNEF.

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) se encargará de coordinar las actuaciones y de hacer un seguimiento de estas ayudas que se presentan con cargo al presupuesto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los fondos, que serán repartidos por comunidades y ciudades autónomas hasta 2023, se articulan en seis programas de ayuda:

  1. Autoconsumo y almacenamiento en el sector servicios. Dotado con 120 millones (20 millones para almacenamiento).
  2. Autoconsumo y almacenamiento en otros sectores productivos, como la industria o el agropecuario. Dotado con 175 millones (25 millones para almacenamiento).
  3. Incorporación de almacenamiento en autoconsumos existentes en sectores económicos. Repartirá 45 millones entre las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
  4. Autoconsumo y almacenamiento en el sector residencial, el sector público y el tercer sector. Con una dotación de 215 millones (15 millones para almacenamiento.
  5. Incorporación de almacenamiento en autoconsumos del sector residencial, sector público y tercer sector, con cinco millones presupuestados.
  6. Climatización y agua caliente sanitaria obtenida con renovables en el sector residencial, incluida la vivienda pública protegida. Contará con 100 millones.

Inicialmente se presupuestan 660 millones de euros que se ampliarán, según se vayan ejecutando las cuantías iniciales asignadas a cada Comunidad Autónoma, hasta alcanzar los 1.320 millones del programa total; las comunidades y ciudades autónomas deberán comprometer un 80% del presupuesto inicial durante el primer año o tendrán que reintegrar la mitad de lo no comprometido en el plazo de 15 meses desde la publicación en el BOE de este Real Decreto.

Señalar que los beneficiarios de municipios con menos de 5.000 habitantes obtendrán un 10% adicional en su asignación y el reparto del presupuesto entre las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla es únicamente para la dotación inicial del programa. Para futuras ampliaciones de crédito, se tendrá en cuenta la ejecución del presupuesto y la demanda en cada territorio.

Las ayudas, señala el ministerio, fomentarán la creación de empleo de proximidad y la mejora de la competitividad de empresas y economías domésticas al reducir sus costes energéticos. También contribuirán a alcanzar los objetivos en materia de energías limpias y de reducción de emisiones marcados por España, cuyo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé una presencia de renovables sobre el uso final de energía del 42% en 2030. En el caso eléctrico, la generación limpia se combinará con 6 GW de potencia de almacenamiento para facilitar la gestión del sistema eléctrico.

Empleo

Los 660 millones, con una estimación conservadora, permitirán construir 1.850 MW de generación renovable, incluyendo la sustitución de combustibles fósiles por energía renovable en calefacción y refrigeración en más de 40.000 viviendas. Igualmente, generarán más de 25.000 empleos directos e indirectos, superando los 45.000 puestos de trabajo al incluir también los inducidos; el PIB crecerá de 1,7 a 3,2 millones por cada millón de euros de ayuda materializada.

Subvencionable

Se podrá subvencionar la inversión en equipos y materiales; la obra civil; los equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares; los sistemas de gestión y monitorización, la redacción de proyectos, memorias técnicas y dirección facultativa, entre otras actuaciones.

Al objeto de facilitar el impacto de las ayudas sobre el tejido productivo nacional y orientarlas hacia la mejora ambiental, todas las actuaciones superiores a los 100 kW deberán incluir un plan estratégico de carácter público que indique el origen y el lugar de fabricación de los equipos y su efecto tractor sobre pymes y autónomos. El plan también detallará información sobre el criterio para seleccionar equipos y materiales en función de su impacto ambiental y su durabilidad –como las garantías del fabricante– y una justificación de que cumplen el principio europeo de no causar un daño significativo.

Cobertura

La intensidad de las ayudas variará en función del beneficiario y del tipo de instalación. Para las empresas se asignará un porcentaje sobre el volumen de inversión inicial –hasta un máximo–, mientras que para los particulares y las administraciones públicas se subvencionará un porcentaje fijo.

En el caso de la energía solar fotovoltaica las ayudas abarcarán desde el 15% para una gran empresa hasta el 45% para una pyme o un sistema pequeño, inferior a 10 kW; los particulares podrán beneficiarse de un 40% –sube al 50% en los sistemas de autoconsumo colectivo– y las administraciones públicas del 70%.

En las instalaciones de almacenamiento detrás del contador, que en general serán baterías, las ayudas para las empresas variarán entre el 45% y el 65%, dependiendo del tamaño de la organización, mientras que los particulares, administraciones y entidades del tercer sector podrán beneficiarse de un 70%.

Sensibilización

Por otro lado, para aumentar la información y la sensibilización de la sociedad, todas las instalaciones subvencionadas tendrán que incluir un sistema de monitorización. En empresas y administraciones, su rendimiento deberá reflejarse en una pantalla a la vista del público o los trabajadores; en viviendas será accesible mediante un dispositivo móvil.

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