El informe técnico elaborado por el Grupo de Aconselhamento Técnico (GAT) en Portugal tras el apagón ibérico del 28 de abril de 2025 ofrece una evaluación estructural del sistema eléctrico portugués y plantea una hoja de ruta para reforzar su resiliencia en un contexto de creciente complejidad operativa. El documento, encargado por el Gobierno de Portugal y presentado esta semana por la ministra de Medio Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, concluye que, si bien el sistema presenta actualmente niveles elevados de seguridad y robustez, resulta imprescindible intensificar el esfuerzo inversor y avanzar en innovación tecnológica para adaptarse a un entorno cada vez más descentralizado, digitalizado e interconectado.
Desde un punto de vista técnico, el diagnóstico parte de una transformación profunda del sistema eléctrico en la última década. La penetración del autoconsumo fotovoltaico, la electrificación de la demanda y la integración de energías renovables variables han incrementado la complejidad del sistema, tanto en términos de operación como de planificación. Este nuevo paradigma exige evolucionar desde modelos tradicionales hacia esquemas más dinámicos, donde la estabilidad del sistema ya no depende exclusivamente de grandes unidades de generación centralizada.
Uno de los ejes centrales del informe es el refuerzo del control de la tensión eléctrica, identificado como un elemento crítico para la estabilidad del sistema. El GAT subraya la necesidad de invertir en soluciones avanzadas de control dinámico de tensión, capaces de responder con rapidez a perturbaciones y evitar episodios de inestabilidad como los que contribuyeron al apagón. En este sentido, se propone priorizar inversiones específicas en infraestructuras y tecnologías que mejoren la capacidad de regulación en tiempo real, así como integrar criterios de flexibilidad en los análisis coste-beneficio de nuevos proyectos.
El informe también introduce recomendaciones relevantes en materia de gobernanza y regulación. Se plantea recentrar la organización del sistema eléctrico en torno a los bienes públicos, clarificando las responsabilidades en la provisión de servicios de sistema (como la regulación de frecuencia o tensión) y definiendo mecanismos de remuneración adecuados.
En el ámbito de la planificación, el GAT propone condicionar una mayor proporción de las inversiones a la materialización de escenarios inciertos, así como incorporar opciones de escalonamiento, aplazamiento o incluso cancelación de proyectos en función de la evolución del sistema.
Otro pilar fundamental es la digitalización del sistema eléctrico. El informe destaca que la transición hacia una operación de red preventiva, predictiva y automatizada requiere avances significativos en sensorización, análisis de datos, desarrollo tecnológico e innovación.
En paralelo, el documento aborda la evolución de los mercados energéticos y los servicios de sistema. Se propone desarrollar mercados específicos de flexibilidad que permitan integrar recursos distribuidos (como almacenamiento, gestión de la demanda o generación flexible) y facilitar la contratación a largo plazo para garantizar la viabilidad de las inversiones.
Un aspecto destacado del informe es la necesidad de reforzar la resiliencia de infraestructuras críticas, y señala como prioridad garantizar una autonomía energética mínima (unas 72 horas) en instalaciones esenciales como hospitales o centros de atención social. Esta medida se enmarca dentro de una estrategia más amplia que también contempla la resiliencia en telecomunicaciones y sistemas de comunicación, elementos clave para la gestión de crisis.
Finalmente, el informe subraya la importancia de la cooperación a escala ibérica y europea. Dado el alto grado de interconexión de los sistemas eléctricos, muchas de las soluciones propuestas solo serán efectivas si se implementan de manera coordinada entre países.
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