La Comisión Europea y el Banco europeo de inversiones (EIB) presentan medidas para reforzar la autonomía estratégica del sistema energético europeo.
Por un lado, la Comisión Europea ha decidido restringir el uso de fondos públicos (incluidos los canalizados a través del EIB y del Fondo Europeo de Inversiones) en proyectos energéticos que utilicen inversores procedentes de países considerados de alto riesgo. El European Solar Manufacturing Council (ESMC), que representa a fabricantes europeos del sector solar, ha respaldado la decisión. La asociación señala en un comunicado que, «según informan medios de comunicación», la medida afecta a inversores fabricados en países «como China, Rusia, Irán o Corea del Norte. Esta medida se extiende también a empresas controladas por entidades o personas de dichos países y a proyectos en regiones vecinas conectadas a la red eléctrica europea, como el norte de África o los Balcanes occidentales». El objetivo, según explican, es reducir vulnerabilidades en infraestructuras críticas, dado que los inversores actúan como nodos digitales potencialmente expuestos a riesgos de ciberseguridad.
Según datos del propio sector, la capacidad de producción de inversores en la UE ya supera los 100 GW anuales, con planes de expansión adicionales de 45 GW para 2027, lo que permitiría cubrir la demanda del mercado europeo sin depender de proveedores considerados de riesgo. Además, el impacto económico de sustituir estos equipos es limitado: la ESMC afirma que, según un informe de la consultora Wood Mackenzie, el sobrecoste estimado oscila entre el 1,7% y el 4,3% en proyectos residenciales y comerciales, y por debajo del 2% en grandes instalaciones.
Su secretario general, Christoph Podewils, subraya que la medida no solo refuerza la seguridad de la infraestructura energética, sino que también puede impulsar la reindustrialización en Europa.
En ese sentido, la ESMC ha formulado cinco recomendaciones «para convertir la débil propuesta de Ley de Aceleración Industrial en un verdadero instrumento industrial», explican. Entre ellas, afirman que la UE debe regular de forma más eficaz la entrada de capital extranjero en su industria y debería imponer condiciones más estrictas: para inversiones superiores a 100 millones de euros, debería ser obligatoria para las entidades extranjeras la creación de una empresa conjunta con un socio europeo, y no opcional.
Los requisitos de abastecimiento local para dichos proyectos deberían aumentar del 30 al 50 %. A las entidades extranjeras con antecedentes de infracción de la propiedad intelectual contra empresas y organizaciones de investigación europeas se les debería denegar por completo el acceso al mercado europeo.
Señalan qué los fondos públicos destinados al desarrollo de una industria solar europea también deberían beneficiar a los proveedores de equipos europeos.
Finalmente, solicitan que la parte dedicada a la energía fotovoltaica de la Ley de Aceleración Industrial debería entrar en vigor en el primer semestre de 2027.
Paralelamente, el Banco europeo de inversiones (EIB) ha aprobado un paquete de financiación de 2.000 millones de euros destinado a proyectos de energía limpia e infraestructuras eléctricas en la Unión Europea. Esta inversión se enmarca dentro de una estrategia más amplia impulsada por la Comisión para movilizar más de 75.000 millones de euros en los próximos tres años. Los fondos se dirigirán a iniciativas como la generación solar en Italia, la eólica marina en Alemania, la electrificación industrial en Austria, la mejora de sistemas de calefacción en Letonia y el refuerzo de redes eléctricas en Países Bajos.
Entre estos instrumentos destaca el programa TARGET (Technical Assistance for a Green Energy Transition), desarrollado conjuntamente con la Comisión Europea, que ofrece asistencia técnica gratuita a regiones en proceso de abandono del carbón, turba o esquisto bituminoso, ya activo en regiones de países como Chequia, Polonia, Suecia y Rumanía, donde se analizan oportunidades para el despliegue de energías renovables, la reconversión industrial y el desarrollo de nuevas cadenas de valor, incluyendo la fabricación de tecnologías limpias y el almacenamiento energético.
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