La Comisión Europea ha propuesto este martes una revisión sustancial del marco regulatorio que prohibía, a partir de 2035, la venta de vehículos nuevos con emisiones de CO₂. La iniciativa introduce un sistema de flexibilidades que permitiría a los fabricantes compensar hasta un 10 % de las emisiones totales de sus nuevas flotas en 2035 mediante reducciones logradas previamente a lo largo de la cadena de valor. Según la Comisión, esta rectificación no compromete el objetivo de neutralidad climática de la Unión Europea en 2050, pero sí aporta mayor pragmatismo industrial a la transición.
El acceso a esta flexibilidad estará condicionado a la obtención de “créditos” de descarbonización. Estos se generarán mediante el uso de acero hipocarbónico producido en la UE y el empleo de biocombustibles y combustibles sintéticos (e-fuels). En este nuevo marco, Bruselas también abre la puerta a que tecnologías como los híbridos enchufables y los vehículos eléctricos con motor de combustión como generador (extensores de autonomía) sigan comercializándose más allá de 2035. La propuesta deberá ser negociada y aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo, y responde a las demandas de la industria automovilística y de Estados miembros como Alemania e Italia, aunque se distancia de la posición de España, partidaria de mantener el veto íntegro.
El ajuste se produce tras precedentes similares: en 2024 la Comisión ya concedió a los fabricantes una prórroga hasta 2027 para cumplir los objetivos de reducción de emisiones fijados para 2025. Ahora se replica el enfoque para el periodo 2030-2032, con la previsión de revisar posteriormente la legislación. En paralelo, se suavizan los requisitos para otros segmentos: las furgonetas deberán reducir sus emisiones un 40 % en 2030 respecto a 2021, en lugar del 50 % inicialmente previsto, y se introducen márgenes adicionales de flexibilidad para los camiones.
El paquete incluye además una directiva sobre flotas profesionales, que representan cerca del 60 % de las matriculaciones anuales en la UE. Se establecen objetivos vinculantes por Estado miembro para empresas de más de 250 empleados o 50 millones de euros de facturación, con el fin de acelerar la adopción de vehículos de bajas y cero emisiones y dinamizar el mercado de segunda mano de eléctricos.
Además, la Comisión impulsa una nueva categoría de pequeños vehículos eléctricos asequibles fabricados en Europa, de hasta 4,2 metros de longitud. Estos modelos contarían con incentivos regulatorios y fiscales, menores exigencias normativas durante diez años y ventajas como exenciones de peajes o facilidades de aparcamiento. Sus ventas computarían de forma reforzada en los objetivos de CO₂ de los fabricantes, siempre que se produzcan en la UE, y el apoyo público estará vinculado a requisitos de contenido local, especialmente en la cadena de valor de las baterías, para reforzar la base industrial europea.
Por último, el Ejecutivo comunitario presentó un plan de 1.800 millones de euros para apoyar a la industria europea de las baterías eléctricas que incluye financiación, acceso a materias primas críticas, requisitos de contenido europeo y refuerzo de la investigación, con el objetivo de reducir la dependencia de China. Además, la Comisión espera ahorrarle a la industria 700 millones de euros al año simplificando la burocracia.
Este miércoles, durante la presentación de un nuevo borrador del pacto de Estado frente a la emergencia climática, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado el veto a los nuevos coches de combustión a partir de 2035 como “error histórico de Europa”, y ha añadido: «La competitividad se garantiza por la sostenibilidad».
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