Hace casi un año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez presentó la propuesta de Pacto de Estado para hacer frente a la Emergencia Climática. Aspira a establecer un marco de acción trasversal, duradero y coordinado para hacer frente al cambio climático, más allá de los ciclos políticos y con el respaldo de todas las administraciones y la sociedad civil.
Se plantea como un acuerdo nacional que trasciende partidos, comunidades autónomas y legislaturas, con el fin de fortalecer la capacidad de adaptación, mitigación, respuesta y recuperación ante fenómenos climáticos extremos. Se basa en el conocimiento científico, la anticipación y la cooperación institucional para proteger a la ciudadanía, la economía y la biodiversidad.
La propuesta del Gobierno incluye diez compromisos prioritarios que abarcan varios ámbitos:
• Gestión forestal adaptada (reforestación, tratamientos preventivos en montes).
• Resiliencia hídrica (nuevos planes hidrológicos, limitar edificación en zonas de riesgo, modernización de drenajes).
• Protección frente a olas de calor (infraestructuras verdes, refugios climáticos, normas laborales para calor).
• Refuerzo y adaptación del mundo rural (incentivos fiscales, políticas de empleo verde, servicios reforzados).
• Impulso del sector agroalimentario, forestal y de gestión del territorio como aliados de la mitigación y adaptación.
• Creación de fondos nacionales y autonómicos para prevención de riesgos climáticos y financiación de la reconstrucción tras eventos extremos.
Aunque el pacto no está centrado exclusivamente en energía, tiene implicaciones clave para el sector:
• Impulso a la adaptación de infraestructuras críticas (electricidad, agua, transporte) ante el cambio climático.
• Estímulo a la transición energética y al cumplimiento de metas de descarbonización, eficiencia y renovables.
• Señal de que la acción climática será tratada como política de Estado, lo que debería aumentar la seguridad regulatoria para inversiones en renovables, almacenamiento, eficiencia, etc.
Durante los meses de septiembre y octubre el Gobierno ha llevado a cabo reuniones con las formaciones políticas, los agentes sociales y diversas organizaciones para recoger sus aportaciones. Además, los ministerios competentes están trabajando con los gobiernos autonómicos en comités técnicos.
En noviembre y diciembre tendrán lugar reuniones con los gobiernos de Portugal y Francia y con la Comisión Europea y se debatirá el Pacto de Estado en la Conferencia de Presidentes. De esta manera, el Ejecutivo presentará finalmente una propuesta enriquecida con todas estas aportaciones y animará a los grupos parlamentarios a suscribirla.
Europa
A principios de mes, los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo histórico para reformar la Ley Europea del Clima, que fija como objetivo vinculante una reducción del 90 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2040, respecto a los niveles de 1990.
Este lunes, coincidiendo con el día en que comienza la COP20 en Brasil, que se centrará en las medidas para paliar el cambio climático, el acuerdo tenía que votarse en comisión parlamentaria, que es el paso previo a que la propuesta sea votada en el pleno este jueves. En esta votación, el Partido Popular español y el polaco han sumado sus votos negativos a los del partido de Giorgia Meloni y el de Agrupación Nacional de Marine Le Pen, a pesar de que el resto de los populares europeos sí ha apoyado el pacto.
Finalmente, el plan ha salido adelante con 55 votos a favor, 32 en contra y 0 abstenciones. Se espera que el Pleno vote la posición del Parlamento el 13 de noviembre, tras lo cual podrán comenzar las negociaciones con los Estados miembros sobre la ley definitiva.
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