La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que articule una solución urgente para evitar lo que considera una nueva reducción de ingresos para unas 62.000 familias productoras de energía solar en España.
Según Anpier, estos inversores particulares se acogieron en su momento a un marco regulatorio que ofrecía estabilidad y previsibilidad con el objetivo de impulsar el desarrollo tecnológico de la fotovoltaica. La asociación señala que, posteriormente, ese marco ha sido modificado hasta en diez ocasiones con carácter retroactivo, lo que ha supuesto un recorte medio del 30% en las retribuciones inicialmente garantizadas.
La organización explica que estas instalaciones deben acreditar un número mínimo de horas de producción anual para recibir la retribución regulada. El problema, indica, deriva de la interpretación de una norma de 2018 que no estaba dirigida a este tipo de plantas. Según esa interpretación, en las horas en las que el mercado eléctrico registra precios cero o negativos, las instalaciones son consideradas como “no operativas”, aunque funcionen con normalidad.
Este criterio, advierte Anpier, obliga a devolver ingresos regulados por un supuesto incumplimiento que en la práctica no se produce.
La asociación recuerda que el Real Decreto-ley conocido como “Antiapagones”, que no fue convalidado en el Congreso el 22 de julio, incluía una medida transitoria para paliar este efecto. El texto reconocía que la norma original no preveía la actual abundancia de horas a precios nulos o negativos y reducía en un 25% el número de horas requeridas para acceder a la retribución.
Para Anpier, este ajuste parcial habría evitado que las instalaciones pioneras quedaran en una situación “injustificada y sin precedentes”.
El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, afirmó que el colectivo “soporta vaivenes regulatorios y recortes desde el inicio de sus inversiones” y que, además, “desde el año pasado se enfrenta a un desajuste que el propio Ministerio reconocía en el BOE al presentar el Real Decreto-ley Antiapagones”.
Según el presidente de la asociación, mientras los productores españoles afrontan esta situación, “el Estado está siendo condenado en laudos internacionales a compensar a inversores extranjeros que realizaron las mismas inversiones en España bajo idénticas condiciones regulatorias”.
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