La consultora PwC ha publicado un informe en el que analiza el impacto del Real Decreto-Ley 7/2025, conocido com «Decreto anti-apagones», que entró en vigor el pasado 25 de junio pero debe aún ser convalidado en el Congreso –de lo contrario, se anulará, como ha pasado con el Decreto Ley que declaraba de interés público superior los proyectos renovables y de almacenamiento en Cataluña.
El subtítulo del informe es «Una oportunidad para la reindustrialización»: la consultora considera que España se encuentra en una coyuntura clave de transformación energética y económica, donde la electrificación se convierte en la principal palanca de modernización de sectores productivos y atracción de nuevas industrias. En ese sentido, nuestro país presenta un atractivo diferencial respecto a otros entornos europeos “gracias a su acceso a energía renovable abundante y competitiva en costes, lo que lo posiciona como líder en el potencial para descarbonizar su industria”.
España tiene así la oportunidad de capitalizar una ventaja estratégica dando servicio a la industria actual que quiere electrificarse y atrayendo inversiones industriales limpias, para consolidarse como referente en la reindustrialización verde en Europa.
«Sin embargo, como país no está siendo posible atender la demanda que ya existe y quiere conectarse a la red para materializar esta oportunidad. Existe una clara desconexión entre el ritmo de introducción de renovables y el de electrificación y la capacidad de acceso a la red está resultando un cuello de botella», afirman, y señalan que las peticiones de acceso para la industria superan los 18 GW, pero en en 2024 sólo se pudieron atender un 10% de las solicitudes por falta de capacidad en las redes. Esta saturación impide la electrificación de sectores estratégicos, y puede desincentivar inversiones, limitar la competitividad territorial y generar desigualdades entre regiones con acceso y aquellas con nudos saturados.
«Ante esta situación, el Real Decreto-ley 7/2025, aprobado el 24 de junio, supone una oportunidad», afirma la consultora, y recopila las principales medidas en este sentido:
- La revisión obligatoria de la planificación eléctrica cada tres años, la incorporación de modificaciones puntuales cada dos años.
El nuevo marco establece que el Gobierno deberá aprobar modificaciones puntuales de la planificación al menos cada dos años, facilitando así la incorporación de:
- Nuevos suministros singulares que no pueden atenderse con la planificación vigente.
- Ajustes para garantizar la seguridad de suministro ante riesgos operativos emergentes.
- Intervenciones orientadas a la eficiencia económica del sistema, como refuerzos locales que permitan evitar inversiones de mayor coste.
- Infraestructuras críticas para la transición energética, como redes inteligentes, sistemas de almacenamiento o interconexiones estratégicas.
Estas modificaciones podrán autorizarse por el Gobierno y ya no dependerán solamente de un procedimiento tan complejo como una planificación completa que además debe ser validada por el Congreso de los Diputados. Gracias a ello se acortarán drásticamente los plazos de ejecución.
- Medidas para aprovechar la red existente (actualmente existen muchas posiciones que están infrautilizadas o directamente no utilizadas): procedimientos más ágiles para habilitar nuevas posiciones en subestaciones y la posibilidad de que varios consumidores compartan posiciones en subestaciones con habilitación a los distribuidores para desplegar redes de 220 kV. Esta última muy relevante por el hecho de permitir a los distribuidores llevar a cabo su función de acuerdo a sus competencias de conectar a la demanda, y teniendo en cuenta que las demandas actuales requieren niveles más elevados de tensión.
- Adicionalmente, persisten barreras estructurales que deben ser abordadas con urgencia como la agilización de los concursos de acceso para la demanda, y la revisión del marco retributivo de las redes, asegurando que resulte atractivo para movilizar inversiones sostenidas en un contexto de electrificación intensiva, junto con la modificación de los límites legales de inversión anual en redes, actualmente fijados en el 0,065% del PIB para el transporte y el 0,13% para la distribución, porcentajes que resultan insuficientes para atender las necesidades reales del sistema eléctrico.
PwC señala que «el Real Decreto-ley 7/2025 supone un avance estructural relevante, al introducir mecanismos más ágiles de planificación, conexión y flexibilización del sistema eléctrico. La planificación trienal, las modificaciones puntuales bienales, los procedimientos fast track para nuevas posiciones en subestaciones o la posibilidad de compartir demandas firmes son herramientas clave para modernizar un sistema hasta ahora limitado por rigideces normativas y procesos administrativos lentos».
No obstante, avisa de que «de poco sirven estos avances sin un modelo retributivo de las redes y una tasa de retribución que incentiven la inversión y de certidumbre a las inversiones, fijándose en las necesidades de futuro y no en el pasado», y concluye: «Consideramos que la aporbación de este RD-l es una oportunidad para seguir avanzando en la descarbonización de la industria, cuestión vital para el cumplimiento de los objetivos medioambientales a 2030, para seguir trabajando en la Transición Energética y para alcanzar ese impacto socioeconómico positivo que el desarrollo de la industria trae a nuestro territorio».
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