A pesar de que el Gobierno señaló al operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica (REE) y a algunas eléctricas como responsables del fallo multifactorial que dio lugar al apagón, el cruce de acusaciones continúa.
El primero no programó suficiente energía de respaldo, y las segundas no actuaron conforme a la normativa, según explicaba la ministra para la Transición Ecológica Sara Aagesen en la rueda de prensa de presentación del informe que publicó el martes con las conclusiones: las centrales encargadas de dar seguridad al sistema y absorber energía reactiva no actuaron “debidamente” y, luego, muchas plantas generadoras se desacoplaron del sistema antes del umbral de sobretensión que las pondría en peligro, es decir, antes de lo permitido por la legislación, lo que propició la desconexión en cadena.
Esas centrales nucleares, de carbón o gas estaban obligadas a regular tensión y fueron remuneradas por ello, pero no lo hicieron correctamente. Según el informe, destaca una central de gas en el sur de España que hizo lo contrario de lo que debía: inyectó energía reactiva en lugar de absorberla. Aunque en el documento no se mencionan las centrales concretas ni a sus gestores, que han solicitado confidencialidad, las centrales nucleares en España son propiedad de Endesa, Iberdrola y Naturgy. En cuanto a las centrales de gas, hay poco mas de 30 en la España peninsular, propiedad en su mayoría de Iberdrola, Repsol, Naturgy, Endesa y EDP.
El miércoles, REE presentó su propio informe, en el que señalaba que el origen del apagón está en una planta fotovoltaica en Badajoz. Unas horas después, Iberdrola, propietaria de dos plantas fotovoltaicas en la zona –Francisco Pizarro y Núñez de Balboa– lanzó un comunicado expresando su “asombro”.
Además de señalar que el operador del sistema parece “confundir las consecuencias del apagón con sus causas «la energética criticaba “la forma de operar negligente y temeraria» de Red Eléctrica, que “no ha cumplido con su función principal de garante de la continuidad y seguridad del suministro, ni de la correcta coordinación del sistema de producción y de la red de transporte”.
Iberdrola España “comparte el análisis del Ministerio de Transición Ecológica, que constata que el sistema mostraba una capacidad de control de tensión insuficiente”. La empresa añade que el día anterior al apagón, el 27 de abril, REE programó la actividad de 10 centrales síncronas con capacidad para regular tensión el día 28, “el número final de centrales síncronas acopladas fue el más bajo desde el inicio de año”.
Iberdrola insiste en que en el momento del incidente “estaban acopladas todas aquellas centrales de su parque de generación que habían recibido las pertinentes instrucciones por parte de Red Eléctrica”, al que señala como “responsable de la gestión de este suceso” y al que acusa de una gestión “temeraria y negligente”. Añade que “ese día, todas las centrales cumplieron la normativa vigente”.
Iberdrola añade que REE “operador único y exclusivo, tiene todas las herramientas necesarias para alterar y gestionar el mix energético, como de hecho viene haciendo desde el apagón, cuyos costes están pagando ya los consumidores españoles debido a la mayor introducción de gas en el sistema con el consiguiente aumento de las emisiones”.
Aelec señala que REE no asume sus responsabilidades
En ese mismo argumento incide la patronal Aelec (formada por Endesa, Iberdrola y EDP España), en otro comunicado lanzado en la tarde del miércoles: “El informe del Comité Gubernamental de análisis de la crisis eléctrica del 28 de abril ha confirmado que no se habilitaron medios suficientes para el control de la tensión en el sistema eléctrico. La responsabilidad de disponer de dichos medios recae en el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), quien, a través del proceso de restricciones técnicas, debe garantizar cada día la disponibilidad de un número adecuado de centrales síncronas, teniendo en cuenta el impacto que sus decisiones y maniobras tienen sobre los niveles de tensión”.
Aelec apunta que “Resulta preocupante que el operador del sistema no asuma sus responsabilidades técnicas contradiciendo las conclusiones del informe gubernamental, y atribuyendo el origen del apagón a pequeñas desconexiones de generación”.
La patronal concluye que “afirmar que todo se hizo correctamente y que una desconexión parcial de generación justifica por sí sola un apagón generalizado, supone un daño reputacional para el sector eléctrico español y genera una innecesaria incertidumbre para el conjunto de la industria”.
Núñez de Balboa, propiedad de Iberdrola
Unas horas más tarde, el medio digital elDiario.es publicó la exclusiva de que la planta que había originado el apagón era Núñez de Balboa, al originar una serie de oscilaciones anómalas en la red. Así se lo habrían comunicado al periódico varias fuentes conocedoras de los informes confidenciales de la comisión de expertos del Gobierno y del operador del sistema, Red Eléctrica, que pide investigar el “mal funcionamiento” de esta instalación.
Independientemente de las fuentes de eldiario.es, solo hay una planta fotovoltaica en Badajoz que genere 250 MW y pueda subir hasta 350 MW, y es Núñez de Balboa, operada por Iberdrola.
Concha Sánchez, directora general de Operación de Red Eléctrica, ha explicado que “el Operador del sistema no especula” y añade que REE “demuestra con un análisis riguroso lo que habría sucedido si la generación acoplada y sujeta al P.O 7.4. hubiese cumplido con lo que la normativa les imponía”.
La planta Núñez de Balboa ha sido noticia en varias ocasiones. Con 500 MW, es la mayor planta fotovoltaica de Europa y está operativa desde abril del 2020. Para desarrollarla, Iberdrola contó con financiación verde del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Iberdrola está litigando en el Tribunal Supremo para revertir el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que el 31 de mayo de 2022 sentenció que la eléctrica debía desmantelar el 60% de la planta fotovoltaica para restituir 525 hectáreas a su propietario después de una expropiación indebida.
El verano pasado, la Fiscalía Europea abrió una investigación sobre el préstamo de 145 millones de euros que concedió a la planta el BEI. A finales del año pasado fue absuelto Antonio Luna, exalcalde de Usagre, de un presunto delito de prevaricación administrativa vinculado a la licencia de obra de la planta.
Nuevo servicio de control de tensión
Por otro lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este jueves el nuevo servicio de control de tensión. Este nuevo sistema va a permitir controlar tensión a las renovables, que hasta ahora tenían muy limitado el acceso a este servicio.
“Con esta revisión se introduce dinamismo en el servicio de control de tensión, y se incentiva el desarrollo de capacidades para poder proporcionar mayores recursos por parte de todas las tecnologías de generación y de demanda. También se crean mercados locales para la contratación de capacidad adicional para dotar al servicio de una mayor eficiencia”., explica la CNMC en un comunicado.
Si bien la CNMC señala que la generación convencional y la renovable “ya tienen actualmente obligaciones de control de tensión (desde el año 2000 y 2014 respectivamente)”, los informes sobre el apagón revelan que ese servicio no funcionó como debía. Como se recoge en el informe del Gobierno, los tres reactores nucleares y los seis ciclos combinados de gas que debían operar en el mecanismo que en la actualidad permite controlar tensión, las restricciones técnicas, no estaban regulando tensión como debían cuando comenzaron las sobretensiones que derivaron en el apagón.
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