El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado una consulta pública previa para abordar una modificación de los límites de inversión en redes eléctricas.
La actual normativa limita en el 0,065% del PIB de España la inversión anual para el transporte y en el 0,13% para la distribución.
El plazo para presentar alegaciones comienza este martes y se alargará hasta el 3 de julio. “Con la eventual modificación de esta norma se persigue actualizar el marco normativo que regula la aprobación de los planes de inversión anuales y plurianuales de las empresas transportistas y distribuidoras y los volúmenes de inversión a las nuevas necesidades derivadas de la transición energética. En particular, se busca adaptar la regulación a las nuevas oportunidades industriales y económicas que la transición energética representa para España a través de una mayor inversión en redes de transporte y distribución con la máxima eficiencia económica”, señala el ministerio.
No obstante, advierte de que la reforma normativa perseguirá, igualmente, un desarrollo eficiente de la red de transporte y distribución, y priorizará maximizar la utilización de la red ya construida y preservar las señales de electrificación y competitividad económica a la vez que minimiza el coste de los peajes para los consumidores.
Entre las posibles soluciones alternativas, el Ministerio menciona:
- La idoneidad de elevar la inversión en redes de distribución y/o transporte a la vez que se preservan las señales de electrificación, de competitividad económica y la contención de los peajes.
- La elevación con carácter general del volumen de inversión máximo como porcentaje del producto interior bruto, hasta un valor que se considere suficiente para atender las necesidades de red previstas
- La modificación de los supuestos bajo los cuales se podría modificar al alza el volumen de inversión, incluyendo nuevas circunstancias asociadas a la transición energética.
- El establecimiento de un nuevo procedimiento para la autorización puntual de inversiones por encima del volumen máximo vigente, previa solicitud de las empresas transportistas y distribuidoras si previamente han superado el límite de inversiones previsto en la normativa.
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