Las subastas de resiliencia llegan a la Unión Europea. En el futuro, el 30% de los proyectos adjudicados en licitaciones públicas tendrán que cumplir criterios de resiliencia. De momento no habrá aranceles ni otras barreras comerciales. Este fue el resultado provisional de las negociaciones a tres bandas entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento de la UE sobre la Ley de Industria Cero Neto. La ley pretende ayudar a los fabricantes de industrias relacionadas con la energía, como la producción de módulos, a ser más competitivos y diversificar la cadena de suministro en el sector energético.
En respuesta a los elevadísimos precios de la energía registrados en toda Europa en 2022, la Comisión presentó por primera vez su propuesta de Ley de la Industria Cero Neto en 2023. En ella se afirmaba que, en el futuro, la Unión Europea no debería depender de un solo país para su abastecimiento energético y debería aumentar su propia producción. En su intervención ante el Parlamento Europeo el 5 de febrero, la Comisaria europea de Finanzas, Mairead McGuinness, destacó que el 97% de los módulos solares instalados anualmente en la comunidad internacional proceden de países no pertenecientes a la UE, y la mayor parte de ellos de China. El precio es el factor determinante, ya que los fabricantes europeos no pueden competir con los extranjeros. El Consejo y el Parlamento optaron por establecer nuevas normas para las licitaciones públicas en un intento de apoyar el acceso al mercado de los fabricantes nacionales.
Acceso al mercado de la energía eólica y solar
El Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo llevan desde marzo de 2023 debatiendo los detalles de la Ley de Industria Cero Neto. Los dos temas más debatidos giraban en torno al acceso al mercado previsto en el artículo 20 y a la definición de las tecnologías con balance cero en el anexo: la energía nuclear.
Las dos instituciones de la UE han decidido ahora que cada Estado miembro con un volumen de licitación de más de 6 GW de energía renovable al año debe seleccionar el 30% de los volúmenes licitados según criterios de resiliencia.
Se evaluará a los proveedores de tecnología según un código de conducta empresarial responsable, así como la seguridad cibernética y de los datos y la capacidad de entrega. También se evaluarán las credenciales de sostenibilidad y resiliencia de los proveedores. Por ejemplo, sólo el 50% de los módulos subastados en cada Estado miembro podrán importarse de un único país al año. La producción también debe ser más respetuosa con el medio ambiente que el mínimo exigido por las normas internacionales. El uso de tecnologías especialmente innovadoras o que faciliten la integración en la red debe verse recompensado por los criterios.
Cada Estado miembro es libre de decidir la importancia de cada aspecto de los criterios en su mercado. Por ejemplo, la protección del medio ambiente en la producción puede valorarse más que la innovación o la utilidad para la red, o viceversa.
En la práctica, lo más probable es que haya una subasta con módulos “no resilientes” y otra con módulos “resilientes”.
Fecha de introducción
Hubo controversia sobre cuándo debía entrar en vigor la nueva normativa. La anterior propuesta del Consejo, de diciembre de 2023, no distinguía entre eólica y solar. Los criterios debían aplicarse a ambas formas de generación de energía a partir de nueve meses después de la promulgación de la Ley de Industria Neto Cero.
La industria solar criticó esta medida, ya que los fabricantes europeos del sector eólico ya son capaces de satisfacer la demanda del continente, en claro contraste con la fabricación fotovoltaica.
La redacción exacta del acuerdo final aún no estaba disponible en el momento de la publicación, por lo que todavía no está claro si el Consejo y el Parlamento han hecho una distinción entre cuándo debe aplicarse la normativa a la energía eólica y a la fotovoltaica.
La energía nuclear fue otra manzana de la discordia. Aunque la energía nuclear no figura como tecnología neutra en la propuesta de la Comisión, sí está incluida en la propuesta del Consejo de Ministros a partir de diciembre de 2023. En la versión actual, la energía nuclear figura como tecnología neta cero en el acto jurídico. El siguiente paso es que el Consejo y el Parlamento adopten formalmente el resultado provisional de las negociaciones.
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