La Comisión Europea abre consulta sobre el plan de reforma del mercado eléctrico en España

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Autoridades nacionales, regionales y locales, empresas privadas, asociaciones industriales, pequeñas y medianas empresas, organizaciones de consumidores, sindicatos, ONG, organizaciones medioambientales, consultorías y otras partes interesadas están invitadas a participar en la consulta pública sobre el plan de reforma del mercado eléctrico en España.

El 13 de noviembre de 2023, España presentó a la Comisión sus medidas de reforma previstas (pueden consultarse aquí), que se someten ahora, y hasta el próximo 22 de diciembre a las 23:59 horas (CET), a consulta pública.

La Comisión reconoce que los mercados pueden proporcionar la cantidad y el tipo de capacidad de generación adecuados para satisfacer la demanda de los usuarios “si están bien diseñados, libres de distorsiones reguladoras y suficientemente conectados a la red eléctrica de la UE. De ahí se deriva la exigencia de reformar los mercados de la electricidad”, explican desde la Comisión, y añaden: “Los mecanismos de capacidad solo deben introducirse para abordar problemas residuales de adecuación que no puedan resolverse eliminando las distorsiones”.

Por tanto, los Estados miembros deben adoptar medidas para eliminar las distorsiones detectadas. En el plan deben incluir también un calendario para su aplicación.

El objetivo de esta consulta es recabar su opinión sobre las medidas propuestas por España en su plan de aplicación. “En su evaluación, por favor considere si las medidas pueden contribuir a la eliminación de las distorsiones regulatorias existentes y los fallos del mercado. La Comisión emitirá su dictamen teniendo en cuenta los resultados de esta consulta”, afirma la Comisión. Los comentarios pueden enviarse a ener-market-reforms@ec.europa.eu

 

Propuestas de España

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, la propuesta que adelantó en enero  “permite solucionar los problemas del diseño actual”, a saber: escaso peso de los mercados a plazo, precios elevados que no reflejan los bajos costes de las energías renovables, beneficios extraordinarios en las tecnologías no contestables y señales inadecuadas para orientar la inversión. El modelo que propone se basa en el desarrollo de los mercados a plazo de energía y de servicios de capacidad y flexibilidad, adaptados a las necesidades de cada país o región.

Entre los puntos clave, se cuentan los mercados a plazo para las renovables: mediante subastas, se firmarán contratos por diferencias con los generadores de renovables, que percibirán un precio fijo durante toda la vida útil de las instalaciones, de un modo similar al sistema aplicado en España. “En consecuencia, la generación renovable reflejará los costes medios de las instalaciones, garantizando su rentabilidad y trasladando la rebaja a los consumidores”, se lee en la propuesta.

Para aquellas tecnologías no contestables, en las que apenas hay competencia como hidroeléctricas y nucleares, el contrato por diferencias se materializará a un precio regulado. “Con ello se podrían reducir los precios de los consumidores inmediatamente, a la vez que se ofrece seguridad, visibilidad y estabilidad de ingresos a los generadores, sin que obtengan beneficios extraordinarios”.

Estos contratos por diferencias a largo plazo se complementan con el desarrollo de mercados de capacidad que retribuyan a las instalaciones de generación y de almacenamiento, o a la gestión de la demanda, por estar disponibles y garantizar el suministro.

Se mantendrá el mercado a corto plazo actual (diarios intradiarios y servicios de ajuste), que seguirá funcionando como hasta ahora, proporcionando señales eficientes de precios y de despacho. Sin embargo, los ingresos de los generadores se regirán por los contratos a largo plazo que reflejen el coste medio del suministro.

 

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