Fraga da marcha atrás a la moratoria tras la advertencia de Industria

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En mayo, el Ayuntamiento de Fraga (Huesca) acordó en pleno establecer una moratoria de un año durante la cual no se concederán licencias municipales de obras y de actividad económica para instalaciones de producción fotovoltaica en suelo rústico en todo el término municipal. Explicó que, durante este año de suspensión, el Consistorio redactaría una ordenanza para regular este tipo de instalaciones y «compatibilizarlas con el respeto a las actividades agrícolas y ganaderas y también con el cuidado del paisaje y del medio ambiente».

Ahora, el ayuntamiento ha dicho a pv magazine que, ante un informe emitido por el Departamento de Industria del Gobierno de Aragón en el que se respondía a una solicitud de información sobre cuál es el rango de acción de los ayuntamientos en cuanto a la instalación de energías verdes, ha decidido suspender la moratoria aprobada en mayo.

En el mencionado informe se advierte de que los municipios ”carecen de competencias normativas, planificadoras y ejecutivas en materia de energía, y en particular de instalaciones de producción de energías renovables sujetas a autorización previa por la comunidad autónoma o el Estado” y las moratorias “limitan y condicionan” el ejercicio de las competencias de la comunidad.

La consulta se lanzó por parte de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias (FAMP) y representantes municipales cuando Arturo Aliaga, vicepresidente aragonés y consejero de Industria, advirtió este verano que los ayuntamientos que denieguen la licencia de obras a proyectos de parques de renovables que cuenten con todos los requisitos administrativos, como acceso y evacuación o estudio de impacto medioambiental, pueden incurrir en responsabilidad patrimonial y verse inmersos en la reclamación de compensaciones por los costes soportados por los promotores.

Las fuentes del Ayuntamiento de Fraga consultadas por pv magazine indican que esta suspensión de un año se produjo ante la avalancha de proyectos, alrededor de una docena que ocuparían una superficie aproximada de 1.200 hectáreas. La redacción de la ordenación urbanística prevista también ha quedado suspendida ahora.

Algunos medios apuntaban también a la necesidad de proteger la puesta en marcha del regadío de Les puntes, con el que los propietarios de unas 2.700 Has llevan esperando el agua más de 15 años. Ahora casi 30 de estos 250 propietarios podrían estar interesados en “optar por las placas” que pagan hasta 1.500 euros al año por hectárea ahora improductiva. Sin embargo, “el Ayuntamiento de Fraga considera que no son incompatibles las placas y el riego”.

 

Resistencia de otros municipios

Por el contrario, otros ayuntamientos aragoneses siguen adelante con el reto al considerar que las consultas jurídicas que están llevando a cabo respaldan su capacidad para aplicar estas medidas restrictivas de los proyectos renovables.

Actualmente, según recogen algunos medios, están en trámite en todo Aragón parques solares y eólicos que suman 23.000 MW, una potencia que multiplicaría por cuatro la instalada. Ya en agosto las entidades ANSAR y Amigos de la Tierra Aragón presentaron  alegaciones “contra los proyectos fotovoltaicos de Forestalia en Campo de Romanos”, y solicitaron “al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico “que reclame la tramitación del proyecto por estar fragmentado de forma fraudulenta” y anunciaron que recurrirían “los proyectos fotovoltaicos que se presentan fragmentados en Aragón”.

En Castilla y León, concretamente en el Ayuntamiento vallisoletano de Simancas, se suma a esta tendencia de resistencia social. Allí el pleno municipal acordó por unanimidad la semana pasada la necesidad de restringir la instalación de macro parques fotovoltaicos en el suelo rústico del municipio, aunque no se aceptaron los términos de la moción presentada al respecto.

La semana pasada aparecían en el horizonte otras moratorias. Ecologistas en Acción denunciaba que cuatro parques fotovoltaicos en la Rioja se presentan fraccionados para “disimular” su impacto. En Buñol se suspendieron las licencias de obras para evitar la instalación de grandes plantas. Castellar solicitó una moratoria para que los cables de evacuación no hipotequen sus explotaciones de regadío.

 

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