El Tribunal Constitucional de Portugal ha dictaminado en la sentencia 338/2024 que la Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energética (CESE) aplicada a los centros de producción de energías renovables es inconstitucional. La decisión se dio a conocer en una sentencia el 23 de abril, en la que afirma que la contribución viola el principio de igualdad, establecido en el artículo 13 de la Constitución de la República Portuguesa”.
Este es el undécimo año consecutivo que se renueva el CESE tras su introducción en 2014, a pesar de que inicialmente se creó como una contribución extraordinaria que se cobraría a las empresas energéticas mediante la aplicación de un gravamen sobre el valor de sus activos en Portugal. A finales de 2013, el Gobierno del PSD de Pedro Passos Coelho creó el CESE, con el objetivo de recaudar más de 100 millones de euros al año para reducir sustancialmente el déficit de tarifa.
En los Presupuestos Generales del Estado de 2019, el entonces Gobierno de António Costa decidió ampliar este gravamen a los centros generadores de electricidad que utilizan fuentes de energía renovables y se beneficiaban de tarifas.
Como su nombre indica, la contribución debía ser extraordinaria, pero se ha renovado cada año. En 2023, este impuesto reportó al Fondo Ambiental 125 millones de euros y es la misma cantidad que el Gobierno espera ingresar este año, según los Presupuestos Generales del Estado. El Fondo Ambiental recogió en 2023 1.200 millones de euros, siendo el CESE el tercer mayor contribuyente a esta cifra, tras las subastas del RCDE y el impuesto sobre el carbono.
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