Aprobada la moratoria para los permisos de acceso y conexión de renovables por el Covid-19

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En 2013, la Ley del Sector Eléctrico estableció que los puntos de conexión para las redes eléctricas de los proyectos de renovables concedidos antes de ese año caducarían a finales de 2018. No obstante, se dio una prórroga hasta el 31 de marzo de 2020 para facilitar la penetración de las energías renovables tras las subastas que llevó a cabo el Gobierno en 2017.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) n.º 91 de 1 abril publica el Real Decreto Ley 11/2020 por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, que incluye modificaciones en relación con los plazos de acceso y conexión de proyectos renovables.

Los promotores de las nuevas plantas de generación renovable debían haber obtenido la preceptiva autorización de explotación de la instalación antes del 31 de marzo. De lo contrario, caducarían los permisos de acceso y conexión que tenían otorgados.

“Esta fecha límite se ha visto alterada por la suspensión de plazos prevista en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que, a su vez, dispone la reanudación del cómputo de los plazos una vez concluido el estado de alarma. No obstante, para dotar de seguridad jurídica tanto a los promotores de proyectos de generación eléctrica titulares de dichos permisos, de los que dependen cuantiosas inversiones imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos de penetración de nuevas energías renovables, como a los gestores de las redes eléctricas responsables de la concesión de los citados permisos de acceso y conexión, se dispone un plazo adicional de vigencia de estos permisos de dos meses, contabilizados desde el fin del estado de alarma, al objeto de que los sujetos afectados dispongan de un tiempo suficiente de readaptación a la nueva situación”, se lee en el BOE.

La pérdida de estos derechos de acceso llevaba aparejada la ejecución de los avales de acceso, de unos 10.000 euros por MW, la pérdida de la retribución específica y la ineficacia de las autorizaciones administrativas obtenidas, debiendo reiniciar la tramitación, sin gozar ya de prioridad de acceso alguna.

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